Policías de Arizona temen demandas tras fallo judicial

TUCSON, Arizona, EE.UU. – La Policía de Arizona confiaba en que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos les ayudaría a aclarar su papel frente a la ley federal de inmigración. En cambio, la decisión anunciada la víspera por los jueces, que sólo avaló el estatuto de “muéstreme sus papeles”, la ha dejado con más preguntas que respuestas.

¿Cuánto tiempo deben esperar los agentes para que las autoridades federales respondan cuando detectan un posible inmigrante irregular, sobre todo teniendo en cuenta la nueva política del presidente Barack Obama de deportar sólo a delincuentes peligrosos y reincidentes?

Si ponen en libertad a un detenido demasiado pronto, ¿se exponen a una demanda de los residentes de Arizona en la que los acusen de no hacer cumplir la ley?

¿Cómo evitar ser demandado por etiquetamiento racial? El alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, afirmó que no espera cambios en la forma en que hace su trabajo, pero eso lo dice alguien que ha sido acusado en una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos de encasillar racialmente a los latinos.

“Nos van a demandar si lo hacemos y nos van a demandar si no lo hacemos. Esa es una posición terrible para un policía”, dijo el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik, cuyo territorio abarca gran parte del sur de Arizona, fronterizo con México. Dupnik ha luchado desde hace mucho tiempo contra el requerimiento estatal que obliga a la Policía local a preguntarle su estatus de residencia a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en Estados Unidos.

Los magistrados federales aprobaron por unanimidad el lunes la disposición más polémica de la ley de Arizona, que obliga a los policías a verificar el estatus migratorio de una persona, detenida por otras razones, si sospechan que no tienen autorización para estar en el país.

Sin embargo, anuló las disposiciones que permiten a la Policía local arrestar personas por violar la ley federal de inmigración. También prohibió la detención de personas por tiempo prolongado sólo por no tener los documentos adecuados de inmigración.

La decisión dejó a los jefes policiales con todo tipo de dudas, que van desde qué justifica una sospecha razonable de que alguien está ilegalmente en el país hasta cuánto tiempo debe esperar un agente si las autoridades federales responden lentamente en aclarar si una persona carecen carece de permiso de residencia.

“Es territorio desconocido”, dijo Tony Estrada, alguacil del condado de Santa Cruz, que hace frontera con México. “Va a ser un reto. Es un tema complicado y no lo va a resolver esta decisión en particular”.

El jefe de la Policía de Tucson, Roberto Villaseñor, estima que el único estatuto aprobado de la ley redundará en 50.000 llamadas anuales más a las autoridades federales de inmigración, sólo en esa ciudad.

Dijo que eso incluye 36.000 detenciones al año de sospechosos que no llegaron a ser fichados en la cárcel, por lo general debido a delitos como alteración del orden público, robo menor, vandalismo y conducir un vehículo más de 40 kilómetros por hora (25 mph) arriba del límite de velocidad.

Los sospechosos, que normalmente serían puestos en libertad tras recibir una citación, ahora deberán quedar detenidos si las autoridades de inmigración “no contestan el teléfono, no devuelven la llamada después de hablar con ellos o lo que sea”, dijo Villaseñor.

Calculó que habrá unas 14.000 consultas al año por personas detectadas al patrullar las calles y que no son detenidas. Esas personas pueden causar sospechas por su forma de vestir, la forma de expresarse u otras características descritas en directrices a los organismos policiales de todo el estado.

“No estoy seguro si (el gobierno federal) está listo para recibir esa carga de trabajo en este momento. Espero que me equivoque”, dijo Villaseñor, quien con Dupnik y otros jefes policiales firmó una notificación a la Corte Suprema en la que se opusieron a la ley de 2010.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoció las preocupaciones de que se avecine una avalancha de consultas sobre el estatus migratorio de sospechosos, pero señaló que sólo deportará a aquellas personas que cumplan con sus requisitos de prioridad: infractores reincidentes de la ley de inmigración, personas que representen una amenaza de seguridad pública o seguridad nacional y quienes hayan cruzado la frontera recientemente.