Todavía falta más

Claro, hubiésemos preferido que se anulara la 1070 por completo, pero no podemos menospreciar lo que se obtuvo con la decisión de la Corte Suprema. Y, aunque parte de la ley ha, por el momento, sobrevivido, contiene las semillas de su propia destrucción.

La Corte Suprema rechazó tres de las cuatro partes de la 1070 que fueron desafiadas por el Gobierno federal en su demanda contra el estado de Arizona.

Entre las tres cláusulas anuladas, habían dos muy dañinas: una hubiese convertido en delito solicitar o aceptar trabajo si la persona es un inmigrante indocumentado y otra hubiese permitido que un policía arrestara, sin orden judicial, cualquier persona sospechosa de haber violado ciertas leyes de inmigración.

Estas cláusulas, si fueran implementadas, hubiesen anunciado la apertura de la proverbial temporada de caza de latinos.

Al rechazar la mayor parte de la ley, la Corte no solo evito mucho del daño que los proponentes de la SB1070 buscaban causar, pero reprochó a Arizona y todos los otros estados que reclaman la autoridad amplia para establecer su propia política de inmigración.

Ellos, que se encuentran inconformes con la aplicación de la ley federal, buscan crear -a fuerza de la combinación y la interacción de las distintas partes de la 1070- un ambiente bien hostil para que los inmigrantes indocumentados se fueran del estado. La Corte no solamente declaró que la frustración del estado no le da licencia a implementar políticas que contradicen la ley federal, sino que le negó el uso de la gran mayoría de los instrumento de hostigamiento que querían usar en contra de la comunidad inmigrante.

Sin embargo, la Corte no anuló una cláusula muy dañina, la 2(B). Esta exige que la policía verifique la situación migratoria de una persona legalmente detenido o arrestado si existe “sospecha razonable” que tal persona es indocumentada.

La Corte no anuló la 2(B), pero tampoco decidió finalmente que es constitucional. La Corte decidió que es necesario permitirle la oportunidad a los tribunales estatales de Arizona de interpretar la ley en la primera instancia. Según la Corte Suprema, solo después de que se determine cómo será aplicada, se puede decidir si es constitucional o no.

Al mismo tiempo, la Corte sugirió que la 2(B) tiene que ser limitada en su aplicación para evitar problemas constitucionales. Por ejemplo, el Alto Tribunal explicó que no se permite detener a una persona solo para verificar su estatus migratorio.

La Corte añadió que la policía no tiene la autoridad para arrestar a una persona solo por ser indocumentado.

Es importante subrayar que todo lo que se decidió días atrás fue referente a una sola cuestión: ¿si Arizona tuvo la autoridad para aprobar la SB1070 o si invadió la autoridad del Gobierno federal en aprobarla?

A consecuencia, no se decidió si la SB1070 viola o no los derechos civiles de quienes son sometidos a verificación de su estatus migratorio. Esto se decidirá ahora cuando el caso vuelve al juez ante quien se presentó la demanda del ACLU, MALDEF, NILC y otros grupos.

Este juez tendrá que decidir, entre otras cosas, si hay manera de aplicar la 2(B) sin el uso del perfil racial -es decir, sin tomar en cuenta el aspecto de la persona o su acento. No sabemos en qué más se puede basar la sospecha de que una persona es indocumentada y dudamos de que el alguacil Joe Arpaio, y otros por el mismo estilo, andarán pidiéndole sus papeles a los que lucen canadiense. Si la respuesta es que no -que no se puede aplicar sin el uso del perfil racial- la cláusula es ilegal porque autoriza la discriminación y el acoso de personas basada en estereotipos raciales y étnicos.

Sabemos, también, que la 2(B) puede ser mal usada por policías sin escrúpulos. Ellos pueden fácilmente inventar un pretexto, parar o detener a personas sospechosas de ser indocumentadas. Pueden, por ejemplo, alegar que un conductor de vehículo cambio de carril sin poner la seña o su auto tenía una luz rota.

Si se aprovechan de tales pretextos para realizar altos números de arrestos de latinos o si prolongan sus detenciones más allá de lo normal, mientras tratan de verificar su estatus migratorio, nos pueden dar todas las municiones necesarias para convencer al juez de que no hay manera de implementar la ley sin violar los derechos civiles.

Esto es lo que buscaremos demostrar para ponerle freno a la ley lo más pronto posible. Así que, en vez de dar la palabra final, la Corte Suprema ha puesto su enfoque en la 2(B), y anunció el comienzo del proceso para declararla anticonstitucional por violar los derechos civiles de los latinos y otros inmigrantes en Arizona.