Examinarán a los que pagan fianza

Establecen controles para evitar que huyan sin enfrentar las consecuencias penales

Chicago/EFE – El Condado de Cook, donde se asienta Chicago, modificó las reglas para facilitar el pago de fianzas en la corte y estableció mayores controles para evitar la libertad anticipada de personas que puedan representar un riesgo de fuga.

En el futuro habrá una segunda instancia, después que se fija y paga la fianza, para examinar los casos de aquellas personas consideradas de alto riesgo y evitar que desaparezcan sin enfrentar las consecuencias penales.

Esta medida fue motivada por el indocumentado mexicano Saúl Chávez, sospechoso de atropellar y dar muerte a una persona el año pasado mientras manejaba ebrio en Chicago.

Chávez estuvo preso durante cinco meses hasta que pagó el 10% de la fianza de $250,000 fijada por un juez y salió de la cárcel del condado para responder el proceso en libertad, aunque luego desapareció y la Policía cree que se fugó a México.

La oficina del alguacil del Condado de Cook fue duramente criticada por familiares de la víctima por haber dejado libre a Chávez bajo fianza.

Inclusive el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, escribió a la presidenta de la Junta de Comisionados, Toni Preckwinkle, para quejarse de que el condado había liberado a un indocumentado en lugar de entregarlo para ser deportado.

La junta aprobó en septiembre pasado una ordenanza por la cual la cárcel del condado no retiene a indocumentados que hayan pagado su fianza más allá del plazo establecido por jueces y fiscales.

Una comisión especial nombrada en enero por Preckwinkle para analizar y actualizar el sistema de fianzas recomendó además la transferencia electrónica de información entre la Policía, la defensoría de oficio y la oficina del Alguacil para acelerar los procesos.

Asimismo, los casos de personas que no puedan pagar fianzas de bajo monto en un plazo de 24 horas serán examinados nuevamente para decidir si se reduce la fianza o el sospechoso puede ser vigilado electrónicamente en su domicilio.

La intención de las autoridades del condado es reducir la población de la cárcel del condado, que en la actualidad es de 9,400 personas, con un costo diario de $143 por recluso.