Impugnación y democracia en México
La ley en México asigna al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la facultad de resolver las impugnaciones presentadas en materia electoral, calificar la validez de la elección presidencial y declarar presidente electo.
Por ello, nada hay de irregular en el proceso que actualmente se desarrolla en México en el marco del TEPJF, destacando la petición de invalidación de la elección presidencial mexicana —que según los datos del Instituto Federal Electoral (IFE) ganó Enrique Peña Nieto del PRI— que fue presentada por la coalición de izquierda que impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
Impugnar y resolver impugnaciones son una etapa normal en el proceso electoral mexicano.
Con todo, dada las características de la impugnación mencionada y la gravedad de las acusaciones en ella vertidas, se han desatado voces encontradas: unas que señalan que si el TEPJF no avala la impugnación e invalida la elección presidencial del pasado 1 de julio se estará sancionando el fraude y la antidemocracia; otras que aseguran que los alegatos que piden la invalidez de la elección carecen de sustento y son parte de una maniobra para alterar la decisión en las urnas que favoreció al PRI.
El TEPJF y otras instituciones como el IFE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República están obligadas a investigar y esclarecer todos las impugnaciones, tanto la presentada por López Obrador como las formuladas por otros candidatos y partidos, entre ellos el propio PRI. Indagar a fondo y sin sesgos o distinciones y resolver con estricto apego a derecho y al espíritu democrático es obligación de todas esas instancias, y del TEPJF de manera fundamental.
La democracia y en buena medida la estabilidad política en México están en juego.
