Aguarda fallo el caso contra sheriff Arpaio

PHOENIX, Arizona.- Un juez federal podría cambiar la forma en la que la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MSCO) implementa las leyes estatales relacionadas con la inmigración si determina que esta agencia discriminó a los latinos.

En el enjuiciamiento civil que llegó a su fin ayer jueves, el juez federal Murray Snow escuchó testimonios en contra del sheriff Joe Arpaio donde se acusa a sus oficiales de hacer uso del perfil racial contra los latinos en detenciones de tránsito y redadas.

De ser favorable a los demandantes la decisión de Snow, podría representar un duro golpe para la agencia del sheriff que se hizo controversialmente famosa a nivel nacional en 2007 por realizar operativos para atrapar a inmigrantes.

En el juicio los demandantes se enfocaron en pintar la imagen de una agencia de la ley donde una cultura de la discriminación racial es tolerada y avalada mediante las acciones políticas de sus altos mandos empezando por el sheriff, mientras que los abogados defensores encabezados por Tom Liddy y Tim Casey buscaron exponer la imagen de una agencia que sigue la ley al pie de la letra más allá de las contradicciones entre testimonios de alguaciles y el mismo sheriff.

La demanda fue sometida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo México-Americano para la Defensa y Educación (MALDEF) hace cuatro años tras recibir quejas de ciudadanos que dijeron haber sido objeto de discriminación.

Las acusaciones salieron a la luz poco después de que el sheriff firmara un acuerdo con el Gobierno federal conocido como 287(g), que permitía a sus oficiales implementar leyes de inmigración.

“No hacemos uso de los perfiles raciales”, fue la frase más repetida durante el juicio por los alguaciles de Arpaio.

Aún así, para los abogados demandantes eso no es ninguna garantía.

“Creemos que la evidencia ha demostrado que tienen una política que lleva a la discriminación en base a la raza. Es la única explicación de lo que pasó”, dijo Daniel Pochoda, uno de los abogados de ACLU en Arizona durante una entrevista. “No tienen una política general que prohiba el uso de perfiles raciales, o que defina para los oficiales qué es el uso de perfiles raciales”, agregó.

Las evidencias de los demandantes incluían desde estadísticas que comprueban que los latinos son más propensos a ser detenidos y lo son por más tiempo en los operativos de inmigración del sheriff, hasta la distribución de correos electrónicos de contenido racista escritos por supervisores involucrados en los hechos.

Durante el juicio los abogados de la defensa enfatizaron a través de testigos que la oficina del sheriff no recibió ninguna denuncia sobre violación a los derechos civiles por hacer uso del perfil racial en relación a sus operativos desde 2007.

“Todos y cada uno de los alguaciles han testificado que han sido entrenados para no discriminar en la Academia,” dijo el abogado de la defensa Tom Liddy, durante una entrevista en las puertas de la corte. “Antes de cada redada se les decía que no se podía hacer uso de los perfiles raciales”.

Liddy dijo que los oficiales hispanos del sheriff habían sido “difamados” al sugerirse con la demanda que habían incurrido en discriminación y que esto fue lo que elevo “el temor en la comunidad latina” sin mérito alguno.

“El clima de temor fue creado en parte por acusaciones irresponsables contra oficiales hispanos”, agregó.

El origen étnico de los oficiales no es relevante en el caso para la pregunta de si discriminaron o no, opinó Pochoda, uno de los abogados de ACLU.

Las oficiales de un cierto origen étnico “no son inmunes a caer en estereotipos sobre la gente de su propia raza”, agregó.

Snow escuchó durante el juicio numerosos testimonios de ciudadanos estadounidenses que dijeron haber sido víctimas de discriminación: desde una mujer que estaba embarazada y fue detenida en las puertas de su casa, hasta un señor de 65 años que fue detenido “por ninguna razón” de camino al trabajo.

Pero de todos, el testimonio de Arpaio fue el que despertó las mayores contradicciones e interés puesto que los demandantes buscaban demostrar que la intención de discriminar contra los latinos viene desde el alto mando de MSCO.

Las mismas palabras del sheriff fueron utilizadas en su contra por ejemplo: en declaraciones a los medios en donde dijo que el origen étnico de una persona podía ser tomado en cuenta como sospecha de ser un inmigrante ilegal.

Parte de la evidencia presentada por ACLU incluía cartas de constituyentes dirigidas al sheriff donde le pedían que realizará operativos de redadas en alguna ciudad sin fundamente alguno e instigando a la discriminación.

En una de las cartas con fecha 8 de agosto de 2008, una constituyente de la ciudad de Sun City le pedía al sheriff que investigará el caso de unos trabajadores en un McDonalds que sólo hablaban español.

“No había ni un solo empleado en el sitio que hablase inglés”, leía la carta.

A un margen de esa correspondencia, el sheriff escribió “para nuestros operativos” y se lo envió al alguacil en jefe Brian Sands el encargado de coordinar sus redadas de inmigración. Posteriormente se realizó una redada en ese sitio.

En el caso se presentaron varios boletines de prensa en donde Arpaio anunciaba uno de sus operativos en respuesta a quejas de sus constituyentes contra jornaleros.

Cuando Sands testificó indicó que muchas veces estos boletines o declaraciones que hacía el sheriff no correspondían con la realidad. También afirmó ante las preguntas de los abogados demandantes que no realiza ningún análisis comparativo sobre el crimen antes de hacer un operativo o redada en una zona.

Aunque el juicio terminó su fase de presentar evidencias, los abogados de ambas partes todavía tienen que presentar argumentos por escrito este 9 de agosto y presentar argumentos para refutarlos una semana después.

Snow podría tomar una decisión a partir de medidos de este mes, pero no fijo un plazo límite.

MCSO enfrenta otra demanda más reciente por parte del Departamento de Justicia (DOJ) con acusaciones similares a las que se agregan acusaciones de abuso de poder por violar los derechos civiles de algunos de sus críticos.

El DOJ decidió interponer esta demanda después de que Arpaio se negará durante negociaciones a la imposición de un “monitor” independiente que supervisara las actividades de esta agencia en relación con derechos civiles.

De ganar este juicio, los abogados de ACLU y MALDEF pedirán que se interponga un monitor y otras medidas para impedir que la discriminación vuelva a ocurrir.