Arizona prohíbe prestaciones públicas a dreamers
La gobernadora Jan Brewer firma orden para negar a inmigrantes del programa federal que da permisos de trabajo el derecho a prestaciones estatales
Brewer dijo que quiere reafirmar la intención de la ley vigente de Arizona que niega a los inmigrantes irregulares permisos de conducir y prestaciones que son pagadas por los contribuyentes. Crédito: Aurlia Ventura / La Opinion
PHOENIX – Una orden ejecutiva firmada por la gobernadora de Arizona obliga a las oficinas estatales a negar la licencia de conducir y otras prestaciones públicas a los jóvenes inmigrantes que viven en el país sin permiso legal aunque obtengan permisos para trabajar con el programa federal que acaba de entrar en vigor.
La orden firmada ayer por la gobernadora Jan Brewer tiene lugar semanas después que el presidente Barack Obama anunciara un cambio de política hacia los hijos de inmigrantes irregulares, a quienes se les conoce como los dreamers. Brewer calificó la medida como una “amnistía clandestina” y un juego político del presidente demócrata.
En la orden, Brewer dijo que quiere reafirmar la intención de la ley vigente de Arizona que niega a los inmigrantes irregulares permisos de conducir y prestaciones que son pagadas por los contribuyentes.
Los jóvenes inmigrantes comenzaron a solicitar desde ayer permisos para trabajar bajo la ley del gobierno de Obama conocida como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que evita que muchos de ellos sean deportados si cumplen con determinados requisitos.
Entre las condiciones figuran que los interesados hubieran llegado a Estados Unidos antes de los 16 años y que no hubieran recibido sentencias por determinados delitos.
Arizona se ha ubicado en la vanguardia de los estados que han decretado leyes contra la inmigración ilegal.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en junio partes de la ley de Arizona “conocida como la SB1070” pero autorizó la vigencia de una disposición crucial que obliga a la policía a preguntar a las personas sobre su condición migratoria en ciertas circunstancias.
El gobierno de Obama impugnó la normativa en 2010 después de que Brewer la promulgara.
En la década pasada, los electores de Arizona aprobaron en dos ocasiones leyes para que se negaran servicios pagados con recursos de los contribuyentes “como inscripciones a universidad con cobros favorables para residentes” a los inmigrantes que no vivan de manera legal en el país, salvo que lo hubiera ordenado el gobierno federal.
La orden de Brewer señala que el programa federal que da permisos de trabajo no confiere estatus legal a los inmigrantes que no lo tienen y que no les concede el derecho a prestaciones estatales en Arizona.
En la orden se afirma que el cambio de política “podría resultar en que algunos inmigrantes no autorizados consigan indebidamente acceso a prestaciones públicas, algo que sería contrario a la intención de los electores de Arizona y los legisladores que decretaron las leyes que expresamente restringen el acceso a una identificación estatal y a prestaciones financiadas por los contribuyentes”.
La gobernadora ordenó a las oficinas estatales comenzar los procesos para crear normas de emergencia necesarios para implementar la orden.
La representante estatal Catherine Miranda, que apoya el programa federal, consideró mezquino el proceder de Brewer.
“Brewer sólo continúa levantando obstáculos a los jóvenes de Arizona”, señaló la legisladora demócrata por Phoenix.
El representante demócrata Martín Quezada, de Phoenix, puso en duda que la medida de Brewer tenga bastantes secuelas prácticas de acuerdo a las leyes actuales de Arizona.
Sin embargo, señaló que la orden sataniza a los jóvenes buenos a los que debería permitirse que consigan una identificación estatal y que ingresen en la fuerza laboral.
