Analizan casos de migrantes
La muerte de menores de edad en la frontera, a manos de autoridades estadounidenses, es un tema pendiente para la corte
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez. Crédito: Notimex
WASHINGTON, D. C.— Los derechos de los migrantes y trabajadores agrícolas junto con las medidas contra la trata de personas son los dos temas frente a los cuales el Gobierno estadounidense deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2 de noviembre.
La próxima semana la corte internacional iniciará su periodo de sesiones 146, con 43 audiencias y 29 reuniones de trabajo. Países como México, Estados Unidos y El Salvador enfrentarán las demandas de diversos grupos de la sociedad civil.
En particular Washington afrontará a las organizaciones Robert Kennedy Center for Justice and Human Rights y Freedom Network en las dos sesiones respectivas, que se realizarán a principios del próximo mes de noviembre.
El nuevo secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, aseguró a La Opinión que aún no existe claridad respecto a quien representará al Gobierno estadounidense en las audiencias.
Asimismo destacó que la Relatoría de los Migrantes planea trabajar de manera más sistemática el tema de trata de personas. “Habrá un cambio de enfoque para abordarlos desde la perspectiva de la movilidad humana, donde se incluirá a grupos como desplazados y ya no sólo migrantes”, dijo.
La CIDH se encuentra desarrollando ahora mismo un nuevo informe sobre poblaciones migrantes en la frontera estadounidense. Aunque el documento debía ser publicado este año, fuentes al interior del organismo comentaron a La Opinión que dicho documento se ha retrasado debido a la gran cantidad de información que ha sido recopilada.
Recientemente la CIDH urgió al Gobierno estadounidense a que investigue la muerte del adolescente mexicano José Antonio Rodríguez, de 16 años, ocurrida el 10 de octubre por el uso “desproporcionado de la fuerza” por parte de la Patrulla Fronteriza.
Ese es un tema que, según Álvarez, se tratará en las conversaciones con los gobiernos mexicano y estadounidense.
“Hemos solicitado más información sobre este caso. No es un hecho aislado. Cuando una situación es reiterada genera una gran preocupación y, sobre todo, hay que enfocarse en qué medidas van a tomar los países. Esto es inaceptable y se debe obtener una garantía de no repetición. Los estados son los responsables de que esto no vuelva a suceder”, destacó.
En cuanto a El Salvador se analizarán los casos de los derechos humanos de personas que trabajan en la minería metálica y de la niñez afectada por la violencia de maras o pandillas el próximo 31 de octubre.
Sobre México la corte analizará el 2 de noviembre los derechos humanos y la militarización; la violencia, la discriminación y la limpieza social de poblaciones callejeras; y la cooperación del país con el sistema interamericano de derechos humanos.
De acuerdo con Álvarez un tema fundamental que se aplica a diversos países de la región es cómo se enfrentan las violaciones de derechos humanos en democracia. “El dilema es cómo se concreta la igualdad del ejercicio de los derechos. Es un problema que vemos en diferentes países de la región y también aquí en Estados Unidos. Hay un fenómeno de desigualdad estructural en la región”, aseguró.
Por su parte la CIDH se prepara para analizar su propio proceso de reforma. El organismo ya divulgó un plan destinado a mejorar su eficiencia en respuesta a las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de varias críticas en torno a su funcionamiento.
Álvarez dio hincapié a la falta de recursos como una de las razones principales para asegurar las condiciones necesarias de un mejor desempeño. En el año 2011 la CIDH contó con un presupuesto de 9.5 millones de dólares.
