Guatemala: justicia para víctimas

La administración de Otto Pérez Molina, en Guatemala, cree que el Estado ya pagó demasiado dinero a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ese fue uno de los argumentos para intentar desvincularse de los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en casos previos al 9 de marzo de 1987.

El gobierno aseguraba que el existente Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) ya es un reconocimiento del Estado de su responsabilidad en esas violaciones.

Pero el gobierno olvidaba que muchos casos de violaciones de derechos humanos (vinculados o no al conflicto armado) fueron llevados a la CIDH porque fue imposible juzgar a los responsables en Guatemala. Entonces, ¿qué le hacía creer a la administración de Pérez Molina que las víctimas (de casos previos a marzo de 1987) recibirían justicia en una corte sin involucrar a la CIDH?

En casos criminales de finales de la década pasada, del total denunciado al Ministerio Público, sólo en dos de cada 100 casos se hizo justicia, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). ¿Qué se puede esperar de casos más antiguos? Muy poco—particularmente en los 85 aún activos en el Sistema Interamericano porque se les denegó justicia en Guatemala.

Familiares de al menos 201 víctimas de las masacre de las Dos Erres, Petén, en 1982, esperaron casi 30 años para llevar el caso a juicio. Otros 30 años esperaron 15 de las mujeres sometidas a esclavitud sexual en Sepur Zarco, un destacamento militar al nororiente de Guatemala, para que un juez las escuchara en 2012. La activista Nineth Montenegro esperó 26 años para que fueran sentenciados en 2010 los autores materiales de la desaparición forzada de su primer cónyuge, el sindicalista Fernando García. Ahora, el gobierno desconoce la condena de la CIDH de diciembre pasado, en ese caso, porque supuestamente ya existía un acuerdo con la familia de la víctima. Esta sería la suerte del caso de la Panel Blanca (de desapariciones forzadas en los años 80), si los familiares de las víctimas no hubieran acudido antes a la CIDH, que condenó al Estado por denegación de justicia en 2001.

El Acuerdo Gubernativo 370-2012, que el presidente Pérez Molina firmó un día antes del aniversario de la Firma de la Paz (de la que él participó hace 16 años), desligaba al Estado de Guatemala de los dictámenes de la CIDH en casos previos al 9 de marzo de 1987 (particularmente de la obligación de otorgar resarcimiento económico). Según publicaciones de prensa, Guatemala pagó unos US $20.7 millones para 348 beneficiarios (un promedio de US $60 mil por persona), por condenas de la CIDH entre 1999 y 2012. En contraste, hasta hace un año, el PNR había resarcido con un máximo de Q44 mil (US $5,600) a cada familia (o al 30 por ciento de sus solicitantes, unos 15 mil beneficiarios).

El acuerdo, además, hacía del PNR la única opción que el Estado guatemalteco ofrecía en los casos previos al 9 de marzo de 1987, sin la garantía que el Organismo Judicial juzgue a los responsables. Este 14 de enero, el gobierno da marcha atrás y publica la derogación del acuerdo.

Si de ahorrar dinero se trataba, el gobierno podía salir de los funcionarios públicos que confunden el erario nacional con su cajero automático personal. Pero el gobierno no podía reducir el acceso a la justicia, y abonar a la impunidad, para procurarse más recursos. Con Guatemala entre los seis países más violentos de Latinoamérica, y un pasado indeseable en violaciones a los derechos humanos, su desvinculación de la CIDH en casos de hace 25 (o más) años es lo que el país menos necesita. Menos mal que Pérez Molina entendió que esto era un retroceso.