Sentencian a dos guatemaltecos por secuestro de indocumentados
Dos guatemaltecos fueron sentenciados en conjunto a más de 65 años de prisión por el secuestro de un grupo de inmigrantes indocumentados en una casa de seguridad en la ciudad de Mesa, informó hoy la Fiscalía federal en Arizona.
La Fiscalía Federal en Arizona informó que dos guatemaltecos fueron sentenciados por secuestro de indocumentados. Crédito: EFE
Phoenix- Los sentenciados fueron identificados como Domingo Agustín Simón, de 31 años, y Leonardo Rabanales Casia, de 30 años, informó la oficina del Fiscal federal en Arizona, en un comunicado de prensa.
Agustín Simón, fue sentenciado a 35 años de prisión por el secuestro, y a otros siete años más de prisión por el uso de un arma de fuego durante el crimen.
Rabanes Casi fue sentenciado a 25 años de prisión por su participación en el secuestro.
Según la evidencia presentada durante el juicio, ambos sentenciados eran parte de una operación de tráfico de inmigrantes indocumentados, la cual mantenía casas de seguridad en Mesa.
El 10 de agosto de 2011, la fuerza IMPACT, integrada por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Pública de Arizona y el Departamento de Policía de Phoenix, llevó a cabo una redada en una casa de seguridad donde encontraron 40 inmigrantes indocumentados.
Testimonio presentado ante la corte federal reveló que los traficantes amenazaban a los indocumentados con golpearlos e inclusive matarlos, haciendo estas mismas amenazas a sus familiares si no recibían su pago.
Uno de los secuestrados fue golpeado, mientras que las mujeres fueron molestadas sexualmente y por lo menos una de ellas fue violada por Agustín Simón.
Los sentenciados utilizaban un arma de fuego para “mantener el orden” en la casa de seguridad.
“Este caso demuestra la brutalidad del tráfico humano”, dijo Matt Allen, agente especial de ICE, en el mismo comunicado.
El agente agregó que los indocumentados significaban solamente un “negocio” para los traficantes, a quienes no les importó poner en peligro sus vidas para extorsionarlos y obtener un beneficio monetario.
La sentencia se dictó el pasado 14 de enero por el juez federal David G. Campbell en la corte federal en Phoenix.
