Reforma migratoria: ciudadanía es crucial
Una reforma de inmigración integral, justa, eficaz y auspiciosa, que beneficie tanto al país en general como a sus destinatarios, requiere por definición incluir la posibilidad de que, una vez cumplidos requisitos y plazos, los inmigrantes puedan convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.
Sin una ruta a la ciudadanía —posibilidad que cultivan ciertos republicanos— un posible ajuste del sistema de inmigración terminaría generando nuevas tensiones, contradicciones e injusticias.
El principal objetivo de la reforma es normalizar la presencia y la actividad de los indocumentados de modo que estos se integren con plenos derechos y responsabilidades a la sociedad estadounidense en todos los ámbitos: económico, fiscal, social, político, cultural, entre otros. No existe normalización cabal si se les niega el acceso a la ciudadanía, pues es el de ciudadano el estatus que ofrece una plenitud en tanto individuo orgánicamente integrado y comprometido con su sociedad. Otras condiciones, como la de residente permanente o diversos estatus temporales o restringidos, no permiten esa inserción plena pues no ofrecen al individuo derechos políticos y, por ende, mantienen una asimetría entre responsabilidades y derechos (vale recordar la exigencia ‘No taxation without representation’, arraigada en la fundación de la nación estadounidense). No conceder la ciudadanía incumpliría la noción misma de la reforma y se entendería como una inaceptable maniobra discriminatoria para acotar el peso político y cívico de los hispanos y otras minorías.
No conceder la ciudadanía negaría la tradición histórica de Estados Unidos como país forjado por inmigrantes y perpetuaría la existencia de individuos de segunda, situación contraria al espíritu nacional y a la preeminencia de los derechos civiles.
