Brazaletes de monitoreo impiden a inmigrantes trabajar

WASHINGTON, D.C.- “No hay más opciones y seguiremos adelante”. Ese fue el mensaje que entregó ayer, la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, cuando habló sobre la excarcelación de cientos de indocumentados en centros de detención a lo largo del país.

A mediados de febrero, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tomó la decisión. En una declaración pública, la agencia detalló que los recortes automáticos al presupuesto (secuestro), los habían forzado a tomar esta conducta.

Las personas han salido con métodos alternativos a la detención, como brazaletes de monitoreo. Pero la agencia ha recibido fuertes críticas, desde que inició la implementación de la medida.

Reportes de prensa indicaron el fin de semana, que al menos 2,000 individuos habrían sido liberados y que la política sería suspendida. Sin embargo, en un evento organizado por Politico, ayer, Napolitano desmintió ambos puntos.

“Seguiremos identificando a las personas con el nivel de riesgo más bajo y buscando medidas alternativas de supervisión”, aseguró.

Asimismo, enfatizó que funcionarios de carrera propusieron la iniciativa y que las personas que han salido de los centros de detención, representan un “riesgo bajo” a la seguridad de Estados Unidos.

La secretaria aseguró que el Congreso dejó a la agencia sin opciones, ya que redujo el presupuesto disponible y no permitió una redistribución interna de los recursos. La supervisión de personas en proceso de deportación, fuera de las cárceles, ahorra 164 dólares diarios al gobierno.

Inmigrante liberado fue arrestado por manejar sin licencia

Pedro García, fue uno de los indocumentados que salieron de Broward Transitional Center en La Florida, la semana pasada. Aunque sólo alcanzó a estar 15 días detenido por ICE, para su familia fue una eternidad. Con un hijo de 7 años, un bebé recién nacido y su esposa Rebeca, convaleciente de una cesárea, las cosas no estaban bien.

“Yo sólo tenía una infracción por manejar sin licencia. He pasado 13 años en este país. Les conté toda mi historia, les expliqué, yo creo que por eso me soltaron”, contó a La Opinión. García quiere pelear su caso, aunque por el momento, no puede trabajar en los campos, como acostumbraba, debido al brazalete de monitoreo que le colocó ICE.

“Ahora después de la cesárea no puedo trabajar”, dijo Rebeca. “Cuando lo tomaron, pensaba qué le pasaría a nuestros hijos. Mi niño lloraba por su papá. Nos dijeron que si no poníamos un abogado, lo deportarían. No sé cómo vamos a conseguir el dinero”.

Varios legisladores han calificado la decisión de DHS como “irresponsable”.

Republicanos aseguran que indocumentados liberados cometieron delitos graves

Representantes republicanos han insistido en que personas con antecedentes criminales graves están libres.

En una carta enviada la semana pasada por el senador Charles Grassley (R-IA) y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte (R-VA) los congresistas exigieron más información al gobierno .

“Hemos recibido datos de que ICE está liberando a extranjeros acusados de fraude, robo, delitos como manejar bajo influencia de alcohol, en masa […] Según otros reportes, extranjeros ilegales, miembros de pandillas y aquellos que han sido arrestados por crímenes serios, pero no condenados, también han salido de los centros de detención”, agregaron.

Funcionarios republicanos en el Comité Judicial, aseguraron a La Opinión que “todavía no reciben respuestas de ICE”, lo que mantiene la molestia en diversas oficinas, tanto en el Senado, como la Cámara de Representantes.

Ayer, Napolitano junto con los ex secretarios de DHS; Michael Chertoff y Tom Ridge, destacaron la importancia de una reforma migratoria. Chertoff, quien fue uno de los hombres ancla, con que el ex Presidente George W. Bush impulsó un proyecto ley, insistió en que el tiempo es clave.

“El proyecto debe moverse rápido. Además, se necesita poner datos al lado de la propuesta, para demostrar cuánto se ha avanzado”, explicó.

El grupo de ocho senadores que están negociando una reforma se ha puesto como fecha final, marzo, para presentar un proyecto de ley.