Grupos proinmigrantes se dividen por reforma

Washington D.C. — Un creciente número de activistas y organizaciones consideran que el proyecto de ley de reforma migratoria que se aprobó en el Senado es excesivamente restrictivo y punitivo, incluso comienzan a sugerir que quizá sería una buena idea que no llegara a ser ley si es que la Cámara de Representantes lo va a “empeorar” aún más.

Esta postura abre una brecha de opinión entre los grupos que aún apoyan la medida con la esperanza de que se apruebe por lo menos lo que hizo el Senado y los que opinan que esa versión en sí misma ya es inaceptable y nociva para la comunidad latina y para el país.

“¿Qué haría el veterano (congresista) Ed Roybal si se enfrentara a S744 (el proyecto que aprobó el Senado?”, especula Antonio González, presidente del Instituto William C. Velásquez. “Creemos que el ‘viejo’, como se le llamaba cariñosamente, hubiera permitido que se hundiera este acuerdo porque hubiera sabido que no ley es mejor que una mala ley”.

Roybal, el legendario congresista mexicoamericano del Este de Los Ángeles, padre de la actual congresista Lucille Roybal, era un genio negociador, pero en 1982 decidió “matar” con enmiendas inaceptables un proyecto de ley que antes apoyó a favor de la legalización de indocumentados, tras determinar que se habían añadido demasiadas cláusulas nocivas para los inmigrantes.

González se une a una lista de organizaciones y activistas que ya no tienen mucha fe en que este proyecto se pueda mejorar. Entre ellos está Presente y MAPA (Mexican American Political Association). Otros están dando la voz de alarma aunque aún no están en abierta oposición, como Asian American Advancing Justice, antes conocida como Asian Pacific American Legal Center.

La lista de objeciones a la medida comienza con los miles de millones de dólares añadidos en el Senado para hacer el proyecto más “aceptable” para un puñado de republicanos en esa cámara. Inicialmente se propuso 5 mil millones adicionales, pero la versión final añadió otros 40 mil millones, aviones teledirigidos (drones), más muro y 20 mil patrulleros fronterizos.

“El gasto de miles de millones adicionales en una frontera que ya está segura es un error trágico”, dice Stewart Kwoh, presidente de Advancing Justice. “Estos fondos serían mejor invertidos en la infraestructura de Estados Unidos y en innovación tecnológica. No es tarde aún, el Congreso puede todavía presentar una reforma migratoria genuina que proteja los derechos humanos”. Kwoh también objeta otras partes de la medida, como las reformas a las categorías de inmigración familiar.

La realidad de que el proyecto del Senado enfrenta un futuro aún más difícil en la Cámara de Representantes es una con la que los grupos que siguen empujando el proyecto tienen que vivir, dijo Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Los Angeles (CHIRLA).

“Claro que vale la pena”, dijo Salas. “Tenemos un proyecto que legaliza a gente joven, con uno de los planes más generosos de legalización para ‘dreamers’. Tenemos que continuar peleando, luchando contra los ataques de los antiinmigrantes. Los republicanos pidieron demasiado a cambio de muy pocos votos. Continuaremos organizando y usando el músculo político para lograr una política que merecemos”.

Pero Peter Schey, un reconocido abogado de derechos civiles y quien representó por años a los excluidos por la amnistía de 1986 en el caso de “amnistía tardía” hizo un análisis de la ley y concluyó que de los 11 millones de indocumentados sólo unos dos millones de trabajadores del campo y dreamers, más 4 ó 5 millones del resto terminarían legalizándose y que los demás “quedarán excluidos” por lo complicado del proceso y por una serie de condiciones, como las del trabajo contínuo, pago de altas multas y lo extendido del proceso.