Venta de ilusiones a hispanos en universidades privadas de NYC

Nueva York — En la búsqueda de una prometedora carrera profesional, Yvette Colón, una puertorriqueña de 50 años, se endeudó para matricularse en el Sanford Brown Institute de Manhattan y convertirse en técnico de ultrasonido cardiovascular. Pero cuando quiso sacar el examen estatal tras acabar sus estudios en esta universidad privada, sus sueños se hicieron añicos: Su programa no estaba acreditado oficialmente.

El centro le había ocultado este hecho, y, como resultado, la estudiante desperdició dos años de su vida y acumuló una deuda de $30,000 en préstamos. Como ella, decenas de estudiantes se han visto perjudicados por las malas prácticas de esta institución, según demostró una investigación de la Fiscalía General de Nueva York.

Career Education Corporation (CEC) —la compañía madre de la entidad, con sede en Illinois, y que opera otros seis espacios similares en el estado neoyorquino— deberá pagar más de $10 millones en multas y restituciones por engañar a estudiantes, en virtud de un acuerdo judicial anunciado por el fiscal general estatal Eric Schneiderman.

CEC infló las tasas de colocación y mintió sobre las probabilidades de encontrar empleo a sus estudiantes, así como sobre las posibilidades de transferir créditos a otras universidades y sobre la acreditación de algunos de sus programas, según reveló la pesquisa.

“El acuerdo judicial es sólo un consuelo pequeño, porque en un mundo perfecto esta universidad tendría que cerrar por todo lo que nos ha hecho”, expuso Colón, quien agregó que le ofrecieron una compensación de unos $1,800, apenas una fracción de lo que debe en préstamos estudiantiles.

“Creía que estaba cambiando mi vida, pero en realidad estaba arrojando mi dinero y mi tiempo por la ventana”, lamentó la boricua, que está trabajando en un puesto administrativo en una organización médica, ya que no pudo encontrar empleo en lo que estudio.

El problema, sin embargo, no es nuevo y no acaba en CEC y Sanford Brown. Este tipo de centros —denominados oficialmente “for-profit schools” (universidades con fines de lucro)— llevan tiempo en la mira de la Ciudad de Nueva York.

El caso más reciente es la de “Trump University”, fundada por el magnate Donald Trump, que esta semana fue demandado por $40 millones por la fiscalía estatal, por considerar que la universidad es “fraudulenta”.

La organización sin fines de lucro New York Legal Assistance Group (NYLAG) abrió recientemente una investigación sobre las prácticas de estas instituciones, a las que acusa directamente de engañar a sus estudiantes, muchos de ellos inmigrantes latinos.

El grupo está reuniendo casos para presentar demandas judiciales en el futuro. Según denunciaron, algunas entidades utilizan anuncios en el metro, así como reclutadores en vecindarios humildes, para atraer a personas de bajos recursos que buscan desesperadamente mejorar su situación laboral. El anzuelo: la promesa de un futuro mejor. Al final, el único fruto que obtienen los estudiantes es una montaña de deudas.

El primer paso que ha dado NYLAG es lanzar una campaña contra estos lugares. NYLAG y los afectados afirman que se han sentido engañados sobre los costos reales de la educación, que la formación que les ofrecen es pobre, y que les prometen ayuda para encontrar empleo cuando se gradúen, pero la asistencia que reciben es insuficiente.

Una de las perjudicadas es María Valladares, una hondureña de 43 años que se matriculó en el Technical Career Institutes (TCI). Allí le prometieron que, una vez finalizados sus estudios en facturación y codificación de datos médicos, le ayudarían a encontrar trabajo.

Sin embargo, cuando salió en busca de empleo, se encontró con que todos los patronos —tanto los que contactó a través de la universidad como los que localizó ella misma— le requerían experiencia laboral y un certificado de estudios superiores que no poseía. Él único empleo que halló fue como asistente de maestra en una escuela para discapacitados mentales, algo totalmente distinto a lo que había estudiado.

“Me prometieron el cielo y la tierra, pero ahora lo veo todo mucho más oscuro que antes”, sostuvo Valladares, que pidió hasta cinco préstamos para acabar su carrera, y ahora acumula una deuda de $10,000. “Antes de entrar en TCI, podía vivir tranquila pagando mis gastos. Ahora vivo angustiada y no he conseguido aún trabajar en lo mío”.

Una experiencia similar la vivió Rolando Acosta, un dominicano de 57 años, que también acudió a TCI para obtener un título en electrónica.

“Cuando estaba finalizando los estudios, y habiendo sacado las mejores notas, me di cuenta de que no me habían preparado para lo que yo había estudiado”, relató Acosta. “Me quedé traumatizado y debo todavía $17,000 en préstamos”.

Otra de las instituciones de las que NYLAG ha recibido quejas es ASA College. Maribel, una puertorriqueña de 47 años que prefiere no revelar su apellido, se matriculó en el centro privado para conseguir la certificación oficial en facturación y codificación de datos médicos.

Descontenta con el nivel de las clases unido a una discapacidad que sufría, la mujer abandonó temporalmente las clases al empezar el segundo semestre. No obstante, los retomó porque era la única vía para poder sacar el certificado oficial. Al finalizar el curso, le denegaron el diploma porque, según explicó, le informaron que tenía que pagar por el semestre en el que no acudió.

“Me he sacrificado, he dejado muchísimo dinero en ellos y no he recibido ninguna ayuda, nada más que problemas”, se quejó Maribel, quien actualmente está desempleada y dice que le llevará varios años pagar la deuda, cuyo monto no reveló.

Se calcula que unos 130,000 estudiantes están matriculados en las cerca de 300 universidades con fines de lucro existentes en NYC. Cada alumno paga una media anual de $4,700, de acuerdo con Better Business Bureau (BBB), una asociación que protege al consumidor.

Jane Stevens, directora de litigios para NYLAG, aseguró que contactó unas 40 personas que sufrieron casos similares a los anteriores. Aparte de TCI, Sanford Brown y ASA, la organización también señala a Apex Technical School entre las instituciones de las que se reciben denuncias de alumnos.

“Es un problema sistemático en todo Nueva York”, expresó Stevens. “Estas entidades se aprovechan de los más vulnerables para enriquecerse, y ellos reciben a cambio una formación pobre, ninguna ayuda para encontrar empleo, y una gran deuda”.

Sin embargo, el presidente de ASA, Alex Shchegol, sostiene que, aunque no puede hablar por el resto de las universidades, la suya nunca ha engañado a ningún estudiante.

“Nuestro único objetivo es que sean felices, que tengan éxito, que encuentren trabajo y que se lo digan luego a sus amigos para que venga más gente a nuestra universidad”, dijo Shchegol.

El funcionario añadió que, aproximadamente, el 80% de los graduados en ASA encuentra trabajo casi de inmediato. En el caso de Maribel en concreto, precisa que la universidad había acordado una entrevista de trabajo para la estudiante, pero ella no se presentó y no contestó al número de teléfono que tenían ellos como contacto.

Representantes de TCI y Sanford Brown no quisieron dar su versión para este artículo. La Association of Private Sector Colleges and Universities, de la que son miembros 1,700 de estos centros —incluyendo APEX, ASA y Sanford Brown— tampoco atendió las peticiones de El Diario/La Prensa.

El gobierno de la ciudad está al tanto del problema. En 2011, un equipo de trabajo de la administración del alcalde Michael Bloomberg halló que los consejeros financieros cada vez atendían a más neoyorquinos que habían tenido malas experiencias en estos centros y acumulaban una gran deuda.

La Oficina del Alcalde para la Educación de Adultos reveló también que recibieron muchas quejas de estudiantes que se sentían engañados por falsas promesas de que les encontrarían un trabajo al graduarse, o que podrían transferir sus créditos a otras universidades sin problema.

En respuesta, la administración lanzó una iniciativa llamada “Know before you enroll” (Infórmate antes de matricularte). La misma advierte sobre los peligros de registrarse en estas instituciones, y ofrece recursos para presentar quejas y encontrar soluciones a la deuda. Desde que inició la campaña, hace año y medio, se han recibido más de 600 quejas individuales, según el Departamento de Asuntos del Consumidor.

Pese a las promesas que ofrecen los administradores de estos espacios, un informe publicado el año pasado por el National Bureau of Economic Research reveló que los estudiantes diplomados en universidades públicas o en instituciones educativas sin fines de lucro tienen trabajos mejor pagados que los que eligen las universidades privadas.

Hace más de dos años, el Departamento de Educación de EE.UU. prohibió a estos últimos usar malas prácticas de captación de estudiantes, entre otras normativas. NYC carece de jurisdicción para procesar este tipo de universidades. Sí tienen autoridad para tomar cartas en el asunto las agencias estatales, que pueden incluso cerrar este tipo de centros.

Si ha vivido una mala experiencia en alguno de estos centros, también puede contactarse con ellos para registrar su caso.