Aumenta temor por deportaciones

En la zona de Jimaní se encuentran la mayoría de descendientes haitianos en República Dominicana.
En la zona de Jimaní se encuentran la mayoría de descendientes haitianos en República Dominicana.
Foto: ap

PUERTO PRINCIPE/AP — Wilver Cuevas Betances nació en la República Dominicana y jamás salió del país hasta que unos soldados le pidieron su pasaporte en una terminal de autobuses de Santo Domingo.

“No llevo pasaporte. Soy dominicano”, les dijo, según relata. Pese a que hablaba perfecto español y tenía un carnet de identificación dominicano indicando el lugar donde había nacido, lo deportaron al día siguiente a Haití.

Cuatro días después, tras pasar la noche en el banco de un parque en la capital haitiana, fue a las oficinas de una organización que asiste a los emigrantes, en la que tuvo problemas para hacerse entender hablando creole, un idioma que no domina.

“No tengo nada aquí”, expresó. “No conozco a nadie.”

Activistas que defienden los derechos de los emigrantes se preparan para hacer frente a más deportaciones de personas haitianas o de origen haitiano ahora que en la República Dominicana se aprobó una ley con nuevos requisitos para ser considerado ciudadano. Hasta ahora no ha habido deportaciones en masa, pero abundan los relatos de personas que son expulsadas del país de la noche a la mañana, en algunos casos por el color de su piel.

“Los negros casi no salen porque están deteniendo a mucha gente de piel oscura”, dijo Cuevas en una entrevista en las oficinas del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, un organismo no gubernamental.

En septiembre, la Corte Constitucional de la República Dominicana dijo que el haber nacido en el país no garantiza la ciudadanía y que los hijos de personas que están en el país ilegalmente no deben ser considerados dominicanos. Organizaciones defensoras de los derechos de los haitianos dicen que unas 200,000 personas podrían ser despojadas de la ciudadanía dominicana y de los documentos necesarios para asistir a la escuela y trabajar. El gobierno afirmó que solo 24,000 personas se verían afectadas.