Basura bajo la alfombra en Honduras

El gobierno de José Lobo, en Honduras, comenzó perdido en enero 2010, y cuatro años más tarde no ha encontrado la brújula. Decir que se quedó corto en su ofrecimiento de seguridad es decir poco. Pero quizá uno de sus peores crímenes ha sido minimizar el nivel de la violencia ocultando información.

Casi un mes antes del cambio de gobierno (Juan Orlando Hernández, del oficialista Partido Nacional, sucederá a Lobo en enero próximo), el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, negó información al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Nada logra el gobierno hondureño con esta medida después de cuatro años de números rojos.

En marzo de 2012, Lobo se molestó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras porque ésta anunció que San Pedro Sula había rebasado a Ciudad Juárez (en México) como la ciudad más violenta del hemisferio. Ni hablar del nivel de corrupción en la Policía Nacional. Este año se descubrió que se pagaba el salario de unos 2 mil policías hondureños aunque estos no se presentaban a trabajar.

En un país donde las autoridades no son confiables y que, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, es percibido como el más corrupto del istmo y está entre el 30 % de los países peor calificados de los 177 evaluados, es imprescindible escuchar las voces de la sociedad civil. Si los gobernantes no dicen la verdad, al menos que dejen que otros la digan. Los 8.5 millones de hondureños que viven en Honduras tienen derecho a saberla, igual que el millón y medio de hondureños que viven en EE.UU. y en otros países. Pero la administración de Lobo se ha empeñado en que, si no puede contener la violencia, tal vez pueda ocultar los datos que la describen a los hondureños y al resto del planeta. Un ejemplo, la estimación de que en Honduras ocurre una muerte violenta cada 72 minutos, en promedio, y que su tasa de homicidios se mantiene entre las más altas del mundo.

Este mes, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, denunció que la Secretaría de Seguridad y el departamento de Medicina Forense del Ministerio Público no dan información desde julio pasado (también denunciado por algunos periodistas). Como resultado, el observatorio de la universidad no podrá publicar su boletín informativo del segundo semestre de 2013, que sirve, entre otros recursos, como un termómetro para medir la calidad de la Policía Nacional. Hace poco más de dos años, varios policías asesinaron a un hijo de Castellanos y a otro joven universitario. Cuatro responsables fueron llevados a juicio y condenados después de un tortuoso proceso legal. Sin la información que consiguió obtener, en algunos casos, valiéndose de su alto perfil, Castellanos no hubiera obtenido justicia, ni conseguido promover la urgencia de reformar la institución policial.

Pero poco se ha logrado, aun si este 19 de diciembre Lobo sustituyó a los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Honduras quizá tenga la situación más crítica en el istmo en cuanto al narcotráfico y la operación de pandillas juveniles.

No hacía falta llegar hasta el final de este gobierno para saber que Lobo cierra su administración con una deuda enorme. Deja un país donde expirar de muerte natural es casi un privilegio, especialmente porque Lobo se atrevió a decir cosas como que “la seguridad ciudadana no [es] tarea sólo de un gobierno, sino también de las comunidades (las familias, escuela, Iglesia)”, pero abandona a las comunidades a su suerte. Y para coronar, ministros como Corrales creen que pueden esconder la basura bajo la alfombra, salir y apagar la luz sin que nadie se percate. Pero no hay tales. Ya tienen un lugar en la historia hondureña de gobiernos ingratos. A ver si Hernández, presidente electo, toma nota.