Detienen a generales por intento de golpe de estado

Caracas — “En la noche de ayer (lunes) capturamos a tres generales de la Aviación que veníamos investigando, gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada. Tres generales que pretendían alzar a la fuerza aérea contra el gobierno legítimamente constituido”.

Nicolás Maduro recibió ayer a los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con una carta sorpresa debajo de la manga presidencial. Una bienvenida muy al estilo de la revolución bolivariana; la primera presión del mandatario a unos ministros que llegaron con pies de plomo a un territorio volcánico. Maduro acusó a los presuntos sediciosos de “tener vínculos probados con la oposición.

En Venezuela hay activado un plan para desestabilizar el país”.

En sus 11 meses como presidente, Maduro ha denunciado una treintena de golpes, conspiraciones y magnicidios, sin ninguna prueba y que en nada han quedado. Una retórica heredada de Hugo Chávez que ya ha quedado instalada en el Palacio de Miraflores.

“Si Venezuela fuera desestabilizada, nosotros jamás nos entregaríamos, batallaríamos junto a las fuerzas sociales, militares y políticas. Latinoamérica viviría un proceso de desestabilización grave, muy agudo. Por eso es muy importante que la Unasur se haya activado para acompañar el proceso democrático”, destacó el mandatario.

“Hay que explicar a Unasur que protesta para el gobierno es desestabilización y disenso de militares frente a violación de derechos humanos es conspiración”, matizó Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano y experta en temas militares.

Al cierre de esta edición, los detenidos no habían pasado todavía por la Corte Marcial. El gobierno conocía desde el viernes pasado el malestar de algunos militares ante la violenta represión que está encabezando la Guardia Nacional, que es uniformada. Incluso los más atrevidos lo habían manifestado a través de las redes sociales.

La oposición destacó el momento elegido por Maduro para hacer el anuncio: con la Unasur en Caracas y horas después de la “megadevalución” que sufre el país al ponerse en marcha el tercer sistema oficial de cambio, llamado Sicad 2.

El “hijo de Chávez” continuó su disertación en el Palacio de Miraflores dejando muy claro a sus antiguos colegas continentales para qué han viajado hasta Caracas: para dar su visto bueno a la retórica revolucionaria.

Un énfasis que algunos, como el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, pareciera no necesitar: “Debemos seguir por supuesto los lineamientos del gobierno de Venezuela. No podemos hacer lo que nos dé la gana, a meternos en cualquier sitio a conversar con quien sea.

No podemos hacer eso porque estamos atendiendo un pedido de Venezuela”.

Una postura distante a la de Colombia y Paraguay, quienes al menos sí han pedido abrir la agenda para conversar con políticos opositores.

Y, de momento, algo han conseguido: Provea, ong de derechos humanos, anunció ayer que se reunirá con los cancilleres.

“Quiero que Unasur nos acompañe para que se sepa la verdad de estos hechos violentos.

Las 35 víctimas mortales, caso por caso, están vinculadas y son responsabilidad directa de las guarimbas (barricadas)”, escenificó el presidente, quien se apoyó en los tres últimos casos conocidos para difuminar los hechos con sus cortinas de humo.

Pero la realidad es muy distinta a la que Maduro vendió ayer a los ministros. Así lo confirma el asesinato de Adriana Urquiola, intérprete de señas en un noticiero local y embarazada de cinco meses, que ha conmocionado al país. Pese a las evidencias, Maduro acusó directamente del crimen al gobernador Henrique Capriles: “Pusilánime, cobarde, por su culpa está sucediendo precisamente buena parte de este golpe de estado”.

Incluso el primer mandatario exhortó al Tribunal Superior de Justicia (lo que en Venezuela es una orden) para que “haga cumplir la ley al gobernador. O si no, que se vaya definitivamente”.