Julián Castro, en el radar de Washington

de posibles candidatos a la vicepresidencia en 2016El nominado de HUD es visto como aspirante a la vice presidencia

Julián Castro, alcalde de la ciudad de San Antonio (Texas), hablando a los delegados   en la convención del partido Demócrata del 2012 en Charlotte. Castro fue nominado ayer como secretario de Vivienda.

Julián Castro, alcalde de la ciudad de San Antonio (Texas), hablando a los delegados en la convención del partido Demócrata del 2012 en Charlotte. Castro fue nominado ayer como secretario de Vivienda. Crédito: EFE

WASHINGTON, D.C.— Al alcalde de San Antonio, Julián Castro, se le atribuye que, bajo su liderazgo desde 2009, la urbe texana se ha encarrilado en una trayectoria de desarrollo económico. Su próximo reto podría traerlo a Washington a enfrentar otras pruebas de fuego como próximo secretario de Vivienda.

Castro pretendía terminar su tercer mandato al frente de la séptima ciudad más grande de EEUU hasta 2017, pero el presidente Barack Obama le ha cambiado los planes al nombrarlo ayer como el próximo titular del Departamento de Vivienda (HUD).

Según la Casa Blanca, Obama cree que Castro no solo es “ejemplo del sueño americano” —nació en San Antonio en el seno de una humilde familia mexicoamericana— sino que demuestra que “está listo para un papel nacional”.

De hecho, Castro ha sido bautizado como el “Obama latino” por las experiencias de vida que comparte con él: telegénicos y carismáticos; criados por una madre divorciada, y educados en prestigiosas universidades gracias a la “acción afirmativa.”

Castro, de 39 años, es uno de los alcaldes más jóvenes de una ciudad principal de los EEUU y, desde su début nacional en 2012 como orador principal de la Convención Demócrata, ha captado superlativos que lo ponen en la lista corta de posibles candidatos a la vicepresidencia en 2016, o como el futuro primer presidente latino.

Si el Senado lo confirma, Castro sería el tercer latino en el Gabinete presidencial, después del secretario de Trabajo, Tom Pérez, y la titular de la Administración de la Pequeña Empresa (SBA), María Contreras-Sweet. Castro llevaría las riendas de una agencia federal con 9,000 empleados y un presupuesto anual de unos 46,600 millones de dólares, en reemplazo de Shaun Donovan, quien pasará a dirigir la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca.

Donovan reemplazará a Sylvia Mathews Burwell, quien aguarda confirmación como secretaria de Salud, sustituyendo a la saliente Kathleen Sebelius.

Una estrella ascendente del Partido Demócrata, como lo fue Obama en 2004, Castro ha ido llenando su hoja de vida con logros importantes en San Antonio, donde los latinos conforman poco más del 63% de la población.

Aunque se ha enfocado en asuntos como la educación, la “economía verde” y el fomento de las artes, su éxito más notable ha sido revitalizar zonas pobres de San Antonio mediante la iniciativa federal “Zonas de Promesa”. Su puesto es principalmente ceremonioso, porque las decisiones las toma el gerente de la ciudad.

Aún así, organizaciones hispanas como NALEO y la Cámara de Comercio Hispana, han pedido su pronta confirmación.

Graduado de las prestigiosas universidades de Stanford y de la Facultad de Leyes de Harvard, Castro inició su carrera como abogado, y fue concejal de San Antonio entre 2001 y 2005.

Él y su gemelo, el legislador demócrata por Texas, Joaquín Castro, heredaron la maquinaria política que su madre, Rosie Castro, construyó en la década de 1970 en zonas pobres del lado oeste de San Antonio, como activista del movimiento chicano.

Si abundantes han sido los elogios hacia un hombre con mucho pragmatismo, también lo han sido los ataques republicanos, como los del Comité Nacional Republicano (RNC), que señalan su escasa experiencia política.

El RNC ha destacado un informe del Inspector General del HUD, que determinó que entre 2009 y 2011, la ciudad de San Antonio repartió contratos de remodelación de complejos residenciales por $2,5 millones sin el debido proceso de licitación competitiva, e hizo uso indebido de fondos para reparar algunas viviendas que, contrario a los requisitos de la agencia, no fueron entregadas a personas de bajos recursos.

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