Familias migrantes detenidas en… ¿albergue o cárcel?

Los centros residenciales para familias centroamericanas guardan muchos misterios.

En Artesia, un remoto pueblo de Nuevo México a 200 millas (tres horas de manejo) del más cercano centro metropolitano, más de 600 madres centroamericanas y sus hijos menores de edad se enfrentan a un proceso acelerado de deportación que no está descrito en ningún manual o memorándum del Gobierno.

Lo único que todo el mundo: abogados, activistas y hasta las mismas inmigrantes saben, es que Estados Unidos tiene mucha prisa por deportarlas y ninguna por dejarlas salir en libertad mientras solicitan asilo en este país.

Artesia es un centro improvisado en unos remolques, dentro de un centro federal de entrenamiento de patrulleros fronterizos, que abrió el 27 de junio pasado.

Desde entonces las condiciones de las detenidas, los procesos que se les sigue y los resultados de los mismos han sido un misterio o un ‘dime y direte con pocas respuestas.

“Hay cosas que no se implementaron bien desde el principio”, dijo Susan Simmons, coordinadora del programa de Artesia para AILA. “Este lugar no debió de abrir hasta tener todas las condiciones”.

Algo similar ocurre con el “Centro Residencial de Karnes, Texas”, otro de estos centros familiares; que funciona a una hora de San Antonio, pero que es propiedad y manejado por una empresa privada bajo contrato con ICE, GEO Group.

Karnes tiene capacidad para más de 500 personas y aunque hay supervisores del Gobierno, el personal es de GEO Group. Recientemente, grupos de derechos civiles presentaron una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional indicando que detenidas han denunciado abuso sexual por parte de guardias.

El Gobierno dijo que estaba investigando el asunto.

LEE ADEMÁS:

Denuncian condiciones en centro de detención de migrantes en Artesia

Crece polémica por centro de detencion de migrantes en Artesia

Familias sometidas al estrés del encierro en EEUU

Difícil situación de madres y niños detenidos por ICE en Artesia

No se da fianza a los detenidos, dicen abogados

“Nada de lo que hemos encontrado allí en 4 meses corresponde al funcionamiento regular de los procesos de inmigración”, dijo Laura Lichter, coordinadora del proyecto legal voluntario en Artesia. “Nos sorprendió el hecho de que no daban fianza, dque los abogados de inmigración pelean con excepcional fuerza para impedir la liberación de las mujeres y que los jueces dicen que tienen ‘ordenes de arriba’ de detener y deportar a las familias”.

Sin embargo, dijo Lichter, el gobierno no les está dando números y datos sobre los resultados de casos. “Además, lo que estamos viendo en la práctica es radicalmente diferente a lo que el gobierno dice que está haciendo”, dice.

Normalmente, todos los procedimientos que el Gobierno sigue a inmigrantes están escritos en manuales, reglamentos y memos, aunque a menudo se les acuse de no seguirlos.

En este caso, según abogados y solicitudes de la prensa, el Gobierno ha mantenido un control estricto de la información y cifras de lo que está pasando a estas familias.

No se sabe por ejemplo:

• ¿Cuántas familias han sido deportadas de Karnes y Artesia y de todo el país en general?
• ¿Cuántas familias han aprobado su primer paso hacia el asilo o cuántos han logrado asilo o han salido bajo fianza?
• Se desconoce el procedimiento y horario de las entrevistas de las inmigrantes detenidas. Otra incógnita es la descripción del proceso de “deportación acelerada” que se le aplica especialmente a este grupo.
• Otra, un listado de los recursos disponibles a detenidos respecto a conocimiento de sus derechos y acceso a abogados.

ICE responde:

“Hemos dado a conocer cantidades significativas de información respecto a estos centros, hemos invitado y mantenemos relaciones con integrantes de un grupo de monitoreo y les damos información sobre el lugar y sus políticas”.

Esta semana, grupos de derechos civiles, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Concilio Americano de Inmigración y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración NILC demandaron al Gobierno federal para que diera a conocer las políticas escritas que gobiernan su trato a estas familias centroamericanas retenidas en centros migratorios como el de Artesia, New Mexico y Karnes, Texas, donde la reglas parecen ser distintas a las de otros centros.

Alvaro Huerta, abogado de (NILC), dijo que el objetivo es averiguar “si hubo una directiva específica, y en qué se basó, que manda que estas familias se deporten rápidamente”.

“Si bien el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson ha dicho que quiere mandar un mensaje en relación a la deportación de familias que no tengan un reclamo legal, la realidad es que si se toma esa decisión sin un proceso adecuado, se está violando la Constitución”, dijo Huerta.

Desde un principio, abogados voluntarios que comenzaron a llegar poco a poco a Artesia y luego a Karnes, se quejaron de muchas limitaciones y obstáculos para realizar su trabajo y defender a los migrantes.

“Al principio no dejaban ni que lleváramos celulares”, dijo Huerta. “No está claro por qué estaban tan preocupados del acceso a estos lugares, como si quisieran esconder algo”, agregó el abogado de inmigración.

Huerta indicó que los abogados necesitan saber qué políticas y condiciones existen realmente en cuanto al proceso de detención y deportación de estas familias “Solo así podremos hacer nuestro trabajo”, dijo.