Mark-Viverito se distancia de concejales por reformas en el NYPD

La postura de la presidenta del Concejo coincide con la del alcalde Bill de Blasio
Mark-Viverito se distancia de concejales por reformas en el NYPD
La medida más controversial exige a los oficiales obtener consentimiento escrito o grabado de una persona antes de revisarla en la calle.
Foto: Archivo

NUEVA YORK – Después de semanas de evadir en público el tema policial tras el asesinato de dos oficiales en Brooklyn, la presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito,tomó distancia de sus colegas del bloque progresista y dijo tener “reservas” acerca de algunos de los actuales proyectos de ley que buscan restringir el margen de acción de la Policía.

Sus declaraciones, hechas el martes a la noche en el programa de NY1 News “Inside City Hall”, que conduce el periodista Errol Louis, muestran un corrimiento al centro de parte de la funcionaria, en consonancia con el posicionamiento del alcalde Bill de Blasio en este tema.

“Decir que una está interesada en algún tipo de cambio o reforma [en el NYPD] no quiere decir que una sea anti-policía”, afirmó Mark-Viverito cuando Louis le preguntó acerca de sus opiniones sobre la Fuerza. En 2013, la presidenta del Concejo lideró la votación que aprobó la Community Safety Act (Ley de Seguridad de la Comunidad), que puso freno a la controversial práctica de “detención y cacheo” (stop and frisk) y creó la posición de Inspector General del NYPD, para monitorear a la Uniformada.

Recientemente, Mark-Viverito participó en algunas de las manifestaciones anti-brutalidad policial organizadas por sus colegas del Concejo, y hasta vistió una camiseta negra con la leyenda “I can’t breath” (No puedo respirar), en referencia a las últimas palabras dichas por Eric Garner, el hombre muerto en el verano pasado cuando la Policía intentaba detenerlo por venta ilegal de cigarrillos.

Entre la lista de más de siete medidas presentadas en 2014, la más controversial, catalogada como anti-policía por sindicatos, es la del concejal Antonio Reynoso (D-Brooklyn), que exige a los oficiales obtener consentimiento escrito o grabado de una persona antes de revisarla en la calle.

Según una fuente cercana a Mark-Viverito, la presidenta está preocupada por el impacto que esta y otras medidas puedan tener en el trabajo de la Policía.

Con su nueva postura, la funcionaria ratifica su alineamiento con De Blasio, quien ya se había distanciado de esos proyectos antes del asesinato de los oficiales Rafael Ramos y Wenjian Liu el mes pasado.

En meses recientes, Mark-Viverito y De Blasio han sido blanco de ataques de los sindicatos de uniformados, quienes los acusan de fomentar un ambiente anti-policía con su muestras de apoyo a manifestantes que cuestionan el exceso de fuerza por parte de la Uniformada.

Por su parte, Reynoso sigue firme en su intención de impulsar su propuesta, insistiendo que ésta nada tiene que ver con los asesinatos de los oficiales el mes pasado. El funcionario reveló a El Diario que Mark-Viverito ya le había comunicado sus preocupaciones antes de hacer declaraciones públicas al respecto.

“Ella dijo que dejará que el proceso legislativo siga su curso y en ese proceso creo que la podemos convencer”, indicó el concejal ayer, antes de entrar a la primera sesión legislativa de 2015. “Tenemos suficientes votos para llevarla ante el Alcalde”, destacó Reynoso.

Desde la trágica muerte de Garner en Staten Island en julio pasado, concejales municipales han introducido más de seis proyectos de ley que buscan evitar más casos de brutalidad policial.

En octubre, el concejal Rory Lancman (D-Queens) introdujo dos legislaciones con el objetivo de frenar el uso injustificado de fuerza por parte de policías. Una criminalizaría el uso de la llave de estrangulamiento (chokehold), empleada por el oficial Daniel Pantaleo contra Garner cuando era arrestado por la venta ilegal de cigarrillos. La llave ya estaba prohibida en el NYPD, pero no era ilegal. La segunda propuesta pide que el Departamento de Policía emita reportes anuales sobre el uso de fuerza.

En noviembre, los concejales Ritchie Torres (D-Bronx) y Reynoso presentaron un paquete llamado “Acta del Derecho a Saber” que consta de dos leyes. La de Torres exige que los policías se identifiquen cuando hagan una parada y que incluso provean su rango y cuartel si el individuo lo solicita. La de Reynoso, la más controversial de todas, exige que los policías obtengan consentimiento escrito o grabado de las personas a quienes quieran revisar, cuando no haya causa probable o una orden de por medio.

El concejal Jumaane Williams (D-Brooklyn), quien fue co-patrocinador de la legislación que impuso un Inspector General para monitorear el NYPD en 2013, introdujo dos propuestas de ley el mes pasado a raíz del caso Garner.

Una pide que la Policía emita reportes cada tres meses sobre el uso de fuerza por uniformados y su relación con infracciones que afectan la calidad de vida. La segunda es para la creación de una comisión de 10 miembros que monitoree el programa de cámaras corporales del NYPD, ya usadas como parte de un programa piloto, con el fin de asegurar el uso adecuado de la información grabada por los oficiales. Dichos miembros serían nombrados por el alcalde y el Concejo e incluirían policías, civiles y expertos en tecnología.

Todas las propuestas se encuentran en su etapa inicial, y deberán ser sujetas a audiencias públicas, y luego pasar por comisiones correspondientes, antes de ser votadas en el pleno.