Desplazados

@Zaira_Reporter

El puertorriqueño Jorge West quedó atónito cuando recibió su nuevo contrato de alquiler el otoño pasado. Su nuevo casero, una compañía de bienes raíces, le incrementó la renta mensual en $425, más de un 30%, amparándose en una laguna legal denominada “renta preferencial”.

“Pensé que mis ojos me engañaban. Quise creer que la oficina del casero envió el nuevo contrato al inquilino equivocado”, dijo el angustiado residente de Crown Heights, uno de los vecindarios de Brooklyn más impactados por la gentrificación y el desplazamiento. “Lamentablemente no había error”.

La laguna en las leyes de arrendamiento permite a los propietarios renovar contratos con una tarifa que se basa en el estándar de alquiler del mercado, no en lo que el inquilino paga realmente. El incremento puede ser mayor a la renta regulada, pero no debe rebasar el tope de renta controlada máxima para la propiedad en cuestión.

West, un inquilino por 17 años en el segundo piso de 285 Schenectady, aseguró que los nuevos contratos de arrendamiento golpearon el bolsillo de más de 60 familias que residen en el edificio por décadas, con incrementos de hasta el 150%.

“Tengo una vecina a la que le subieron la renta en $1,100 de un solo golpe. Es una verdadera injusticia”, se lamentó.

Actualmente West paga $1,385 más los servicios de electricidad y gas. El nuevo contrato de alquiler por un año, efectivo desde el primero de enero, lo obligaría a pagar $1,810, o $1,841 durante dos años.

“Simplemente no puedo costear todo ese dinero, es imposible”, indicó. “En ese apartamento creció mi hijo y ahora estoy en riesgo de perderlo”.

En respuesta a los incrementos, inquilinos de los edificios situados en 285 Schenectady y 1646 Union Street, orquestaron junto a un grupo de organizaciones y funcionarios electos una protesta frente a la Corte de Vivienda de Brooklyn. Un centenar de manifestantes pidieron a las autoridades que los antiguos inquilinos puedan mantener su renta regulada.

“Muchos de los inquilinos que podrían perder su hogar son personas de color. Son familias que revitalizaron el vecindario y ahora están en peligro de ser desplazadas”, dijo la concejal Laurie Cumbo, cuyo distrito incluye Crown Heights.

Cumbo indicó que son 62 familias las afectadas por lo que calificó como “un exagerado aumento de renta”, y anunció que una coalición de funcionarios electos está trabajando para garantizar que los inquilinos puedan permanecer en sus hogares.

La compañía de bienes raíces Renaissance Realty Group, con sede en Coney Island, compró los dos edificios en mayo pasado por $10.7 millones, de acuerdo con registros de la ciudad. La empresa posee edificios de vivienda en varios vecindarios impactados por el desplazamiento, incluyendo Lefferts Gardens y Ocean Hill.

Pero el apabullante incremento de renta no es la única queja de los residentes. Las plagas y la falta de mantenimiento son otro gran problema.

“Mira esta gran rata. Hay toda una infestación”, dijo una inquilina afroamericana que acudió a la protesta con fotografías de su apartamento. “Nos obligan a vivir en condiciones indignas para sacarnos de nuestro hogar. Quieren que nos cansemos”.

Centenares de violaciones

De acuerdo con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), el edificio en 285 Schenectady -de 35 unidades- tiene 146 violaciones, incluyendo 19 de clase C, que designa las infracciones más graves.

La Ciudad también tiene registradas 187 violaciones pendientes -incluidas 18 de clase C- para el edificio en 1646 Union Street, de 23 unidades. La infestación de ratas es una de las faltas que más afectan a los inquilinos en este complejo de viviendas.

Rachel Hannaford, abogada de South Brooklyn Legal Services, agencia que representa a seis de los 17 inquilinos que enfrentan desalojo por el incremento de renta, dijo que la falta de reparación es una táctica común de los caseros para expulsar a los inquilinos de renta regulada y así poder ofrecer los apartamentos a precio de mercado.

Un patrón que se repite

“Es un patrón que se repite en los vecindarios con mayor desplazamiento”, sentenció. “Preocupa la situación de los inquilinos que no hablan inglés, porque sus recursos de defensa son limitados”.

Hannaford explicó que el antiguo propietario de los edificios obtuvo una hipoteca de bajo interés del Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), y por ende, estaba obligado a alquilar el 20% de las viviendas a inquilinos de bajos ingresos.

La abogada agregó que una cláusula de HUD advierte que el propietario debe solicitar la aprobación de la agencia gubernamental con jurisdicción sobre la regulación de alquileres antes de incrementar la renta.

La oficina en cuestión es el Departamento de Viviendas y Renovación Comunitaria (DHCR) por sus siglas en inglés