Critican Alivios Migratorios ante arrestos de beneficiados por DACA
23 indocumentados favorecidos con DACA fueron arrestados dentro de una operación nacional que capturó a 2,059 inmigrantes
Grupos contra el alivio migratorio del presidente Barack Obama aseguraron que “faltan controles” a la hora de otorgar dichos beneficios a inmigrantes, al cuestionar los 23 indocumentados favorecidos con DACA arrestados dentro de una operación nacional que capturó a 2,059 extranjeros criminales.
“Esto muestra que no hay suficiente escrutinio para aquellos a los que se ha otorgado un estatus legal temporal”, dijo Joe Guzzardi, un directivo de Californianos por la Estabilización de la Población (CAPS).
Las autoridades de inmigración estadounidenses arrestaron a principios de marzo a más de 2,000 inmigrantes criminales convictos que serán procesados para su inmediata deportación.
Entre ellos había 23 inmigrantes que se habían beneficiado de la Acción Diferida (DACA) para estudiantes indocumentados, establecida en 2012 por el presidente Obama y ampliada en noviembre pasado como parte de sus medidas unilaterales.
“No hay suficiente análisis y tampoco se están haciendo entrevistas”, criticó Guzzardi al agregar que “con seguridad hay beneficiarios de DACA que son personas cumplidoras de la ley, pero hay otros que no”.
Grupos a favor de los inmigrantes consideraron, sin embargo, que “unos pocos” infractores no son suficientes para quitarle el mérito a los beneficios y la necesidad de DACA.
Según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), los 23 beneficiarios criminales habían recibido previamente un permiso de trabajo a través de DACA.
Cuatro congresistas protestaron inmediatamente en una carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que criticaron los procedimientos para aprobar los permisos.
Estos casos crean “serias preocupaciones sobre la manera como USCIS verifica los antecedentes de solicitantes del DACA y consulta con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”, señalaron en la misiva los representantes republicanos Bob Goodlatte y Trey Gowdy, y los senadores Jeff Sessions y John Cornyn.
“Ello confirma que las autoridades de inmigración no están haciendo cumplir las leyes como debieran”, aseguró Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR).
Para Guzzardi, es obvio que el proceso de verificación de antecedentes es muy débil pues ni siquiera “incluye una entrevista personal”.
Agregó que debería haber alguien que evalúe sus credenciales y obtenga testimonios de “profesores o empleadores”.
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Stein también reclamó que el Gobierno Obama renovó la acción diferida a cerca de 100,000 personas siguiendo los lineamientos de la expansión del DACA, establecida en un decreto presidencial de noviembre pasado y cuya aplicación fue suspendida temporalmente por un juez dos días antes de la fecha prevista para que entrara en vigor.
Señaló que abogados del Departamento de Justicia informaron al juez Andrew Hanen, quien impuso la suspensión el 16 febrero, que los solicitantes recibieron un permiso de trabajo de tres años y no de dos como se estableció en 2012.
El Comité Judicial del Senado ya analizaba fallas en la revisión de solicitudes del DACA tras comprobarse que el sospechoso de asesinar a cuatro personas en Carolina del Norte era un beneficiario de DACA.
El 20 marzo, los senadores Chuck Grassley y Thom Tillis confirmaron que Emmanuel Jesús Rangel-Hernández, acusado de asesinato en primer grado de cuatro personas, había evitado la deportación y recibido el beneficio de DACA.
“No podemos entregar una autorización en blanco a todo un grupo de personas, y no esperar que no vayamos a tener algún tipo de manzanas podridas que estén incluidas”, concluyó Guzzardi.
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