ICE: no hay colaboración para deportar indocumentados

La agencia planea presentar el nuevo plan que reemplaza a Comunidades Seguras

Washington

Ante la rebelión de más de 200 jurisdicciones en contra del programa “Comunidades Seguras” para detener  a indocumentados, EEUU dará prioridad a la implementación del “Programa de Prioridad Policial” (PEP), según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), atacada por los republicanos por el descenso en las deportaciones en 2014.

En su testimonio ante un comité del Congreso hoy martes, la directora de ICE, Sarah Saldaña, describirá los factores que el año pasado contribuyeron a una merma en las deportaciones.

En el documento de 26 páginas, adelantado a este diario, Saldaña destaca que la escasa cooperación de ciertas ciudades en el programa “Comunidades Seguras” podría poner en peligro la seguridad pública y la de sus agentes, porque permite el regreso a las calles de “criminales peligrosos”.

Saldaña se queja de que en 2014, las jurisdicciones locales y estatales rechazaron más de 12,000 peticiones de ICE para detener a indocumentados en las cárceles a la espera de ser trasladados a la custodia del gobierno federal.

Según la activista Tania Unzueta, de la campaña “Ni Una Deportación Más”, ICE solo busca utilizar a las ciudades como “embudos para la deportación”.

“Al usar las cortes como punto de inicio de las deportaciones, la Administración Obama está socavando al sistema de justicia criminal y sometiendo a la gente a un doble castigo. Nos criminalizan como inmigrantes y luego nos dicen que solo deportan a criminales, pero ¿qué es un´ criminal´ en un sistema tan discriminatorio e injusto?”, se preguntó Unzueta.

Nueva estrategia contra indocumentados en cárceles

Consciente de que “Comunidades Seguras” ha atrapado a indocumentados que no son un peligro para la seguridad, Saldaña explica que “PEP” busca resguardar la confianza de las comunidades para que los inmigrantes puedan cooperar con la investigación y enjuiciamiento de criminales, y prometió “transparencia” en el proceso.

“Comunidades Seguras”, objeto de litigios y creciente rechazo de las agencias policiales, ha sido descontinuado, y el PEP “refleja con más claridad las prioridades” de deportación del gobierno, según Saldaña.

Aunque PEP seguirá dependiendo de huellas digitales y demás datos biométricos de los detenidos, las autoridades de ICE solicitarán la retención del individuo -instrumentos conocidos en inglés como “detainers”- “solo en circunstancias limitadas”, indica el documento.

Las nuevas prioridades para la deportación incluyen a individuos que son una amenaza para la seguridad pública, nacional y fronteriza, y los que han cometido ciertos delitos menores o cruzaron ilegalmente la frontera después del 1 de enero de 2014.

 

SIDE BAR

Muchos retos y reorientación de recursos

Por otra parte, Saldaña describe los “numerosos retos” que afrontó ICE en 2014 y que obligó a la agencia a reordenar sus recursos, incluyendo la crisis humanitaria en la frontera, el cambiante rostro de la población detenida y expulsada, varios dictámenes judiciales federales, y la escasa cooperación de gobiernos extranjeros.

“ICE depende de la cooperación de gobiernos extranjeros para la deportación de sus connacionales, pero no podemos repatriar a individuos si estos gobiernos no emiten a tiempo los documentos requeridos, si es que lo hacen”, señala la directora de ICE.

Todos estos factores, según Saldaña, contribuyeron a una merma en las deportaciones en el año fiscal 2014.

Saldaña, a cargo de 19,000 agentes en todo EEUU y sus territorios, destaca también una serie de “logros”, incluyendo el reciente arresto de más de 2,058 criminales en todo el país, bajo la “Operación Crosscheck”.

Pero el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte, que convocó la audiencia para evaluar el presupuesto de ICE para el año fiscal 2016, se queja de la baja del 18% en la deportación de criminales indocumentados, y acusa a la Administración Obama de “desmantelar” la aplicación de las leyes al interior del país, a la vez que “premia la inmigración ilegal”.

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En total, 315,943 personas fueron deportadas o expulsadas voluntariamente, de las cuales 102,224 fueron detenidas al interior de EEUU y el resto, 213,719, mientras cruzaban ilegalmente la frontera sur.

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