Pugna entre el Gobierno y los estados por matrimonio gay llega al Supremo

La pugna entre el Gobierno y los estados para decidir a quién le corresponde legislar sobre el matrimonio homosexual llega este martes al Tribunal Supremo, donde abogados de las dos partes expondrán sus argumentos a la espera de un veredicto que no se conocerá hasta junio.
“¿Pueden los estados prohibir el matrimonio homosexual?” y “¿Pueden los estados no reconocer las licencias de matrimonio entre dos personas del mismo sexo?” son las dos preguntas a las que responderán los argumentos del Gobierno y los estados, según el analista especializado en el Tribunal Supremo, Lyle Denniston.
Los nueve jueces de la máxima instancia judicial del país decidirán si declaran o no inconstitucionales las normas estatales que prohíben este tipo de uniones tras analizar cuatro casos de alto perfil de los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee.
En estos casos, los tribunales de apelaciones ratificaron las prohibiciones establecidas al matrimonio entre personas del mismo sexo en los cuatro estados, revirtiendo las decisiones previas de jueces federales a favor de los derechos de los homosexuales.
Con el objetivo de que exista una decisión federal sobre este tipo de enlaces, sobre los que ahora legislan los estados, las parejas homosexuales argumentarán mañana que tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos a acceder a la institución del matrimonio de acuerdo con la Constitución.
El Gobierno de Barack Obama respaldó este argumento en un documento remitido a la Corte, en el que criticaba las “leyes discriminatorias” de los estados, que “imponen daños concretos” a las parejas homosexuales, enviándoles el mensaje de que son “de segunda clase”.
El caso, que ha despertado gran expectación nacional, ha hecho que 66 organizaciones expresen su respaldo a la competencia de los estados para legislar sobre el matrimonio mediante unos documentos llamados “amicus curiae” (“amigo de la corte”), una figura legal por la que un tercero puede expresar su opinión en un litigio.
Algunas organizaciones, como Family Reseach Council, que convocó este domingo un día nacional de rezo, argumentó ante el alto tribunal que permitir casarse a personas del mismo sexo “destruirá” la institución del matrimonio tal y como se conoce en la historia de Occidente.
Las muestras en contra de la legalización de estos enlaces se multiplicaron estos últimos meses con la aprobación por parte de estados conservadores de leyes de “libertad religiosa” por las que se permite a los empresarios negar un servicio a una persona, por el mero hecho de ser gay.
El matrimonio homosexual se ha convertido en un elemento de fricción entre los estados y el Gobierno desde que en 1971 dos personas del mismo sexo trataran de casarse legalmente por primera vez, hasta ahora, cuando el Supremo podría por primera vez legalizar estos enlaces en todo el país.
Hace 22 meses, la máxima instancia judicial del país ya declaró inconstitucional una sección de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, en inglés), que lo definía como “la unión entre un hombre y una mujer”, aunque no entró en la cuestión de si los estados tienen poder para impedir las uniones entre personas del mismo sexo.
Ése es precisamente el asunto que se abordará mañana y que, dependiendo de la decisión del alto tribunal, podría legalizar las uniones en todo el país o, por el contrario, salvaguardar el derecho de los estados para decidir sobre este tipo de uniones, devolviendo los casos a los estados para que ellos decidan.
La decisión de declarar inconstitucional parte de la DOMA, que firmó en 1996 el entonces presidente, Bill Clinton, supuso una victoria de facto para la comunidad gay y dio alas al matrimonio homosexual, de forma que el número de estados donde se celebran estas bodas ha pasado de 12 a 36 en los últimos dos años, más el Distrito de Columbia.
Si el Tribunal Supremo decide en junio legalizar el matrimonio homosexual a nivel federal, seguirá los pasos de otros países como España, Francia, Argentina, Canadá o Holanda, el primer país del mundo que decidió legalizar este tipo de enlaces en el año 2000.