Graham rechaza deportar a los millones de indocumentados que viven en EEUU

El senador por Carolina del Sur y aspirante a la nominación presidencial del Partido Republicano, Lindsey Graham, dijo al programa Al Punto de la cadena Univision que el problema de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos se arreglará con una reforma migratoria.
A la pregunta si está a favor de una reforma que incluya un camino a la ciudadanía para los inmigrantes sin papeles, Graham dijo que sí siempre y cuando “no tengan un historial de actitudes y conductas ilegales”, y que si una persona va a estar en el país por el resto de su vida “tiene que tener la oportunidad de ser parte y eso incluye un largo camino hacia la naturalización”.
“Odio el modelo europeo de los trabajadores contratados que viven toda la vida en una nación y nunca se integran”, señaló.
De la acción ejecutiva que el Presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre, 17 meses después que el Senado aprobara un plan de reforma migratoria que fue rechazado por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, Graham dijo que de ser electo presidente haría que su partido “tenga una nueva dirección en temas de inmigración”, y que “el enfoque amplio es la única manera de resolver este problema”.
“Creo que tenemos la capacidad de liderazgo para unir todos los elementos. Las órdenes ejecutivas deben ser reemplazadas por soluciones estatutarias”, dijo Graham, refiriéndose a una reforma migratoria comprensiva.
“Yo no deportaría a estas personas que están aquí bajo el amparo de la orden ejecutiva. Moveremos al Congreso para resolver el problema. Creo que lo puedo resolver”, apuntó.
El senador por Carolina del Sur integró el Grupo de los Ocho (4 republicanos y 4 demócratas) que entre enero y junio de 2013 redactó el proyecto de ley S. 744 que el pleno del Senado aprobó el 27 de junio de ese año por 68 votos a favor y 32 en contra.
La iniciativa incluyó una vía hacia la ciudadanía para indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.
Los favorecidos, indicó el plan, entrarían en un estado de residencia provisional por 10 años al término de los cuales serían elegibles para pedir la residencia legal permanente. Tres años más tarde pedirían la nacionalidad estadounidense.
El estancamiento del debate en la Cámara de Representantes llevó a Obama a usar su poder ejecutivo para anunciar, el 20 de noviembre del año pasado, una acción ejecutiva que frena temporalmente la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y amplía la cobertura de jóvenes (dreamers) amparados por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).
Ambos grupos recibirán además una autorización temporal de empleo válida por tres años.
El 3 de diciembre 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandaron la acción ejecutiva argumentando que Obama se había extralimitado en su poder ejecutivo y el beneficio viola la constitución.
El 16 de febrero un juez federal dictaminó una medida cautelar que frenó la entrada en vigor de la acción ejecutiva. El fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans, instancia que el 10 de julio celebrará una audiencia para revisar la demanda de los estrados en su totalidad.
Graham insistió en que la solución al problema de los indocumentados pasa por una reforma migratoria en el Congreso, una postura similar a la adoptada por Obama cuando anunció la medida.