Investigan responsabilidad penal tras deslave en Guatemala

El Ministerio Publico informó el martes que ya inició una investigación para establecer responsabilidades penales de quienes autorizaron la construcción de las casas en el lugar. También indaga si los constructores contaban con licencias

Investigan responsabilidad penal tras deslave en Guatemala
Foto: EFE

Las alarmas y señales estaban dadas mucho antes del deslave en la comunidad de Cambray II que ha dejado hasta ahora más de 160 muertos y cientos de desaparecidos, pero ninguna autoridad hizo nada para evitarlo.

La municipalidad de Santa Catarina Pinula asegura que advirtió a la población sobre los riesgos, aunque los residentes que sobrevivieron aseguran que nadie les dijo nada sobre el peligro que corrían.

El último aviso lo dio la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, conocida como Conred: en un estudio técnico de noviembre de 2014, solicitado por la propia municipalidad, señaló que los pobladores enfrentaban riesgos debido al crecimiento constante del río Pinula, especialmente en época de lluvia, que pasa por la comunidad.

“Se observan fracturas en bloques de material que pueden indicar futuros deslizamientos (de tierra)”, dice el informe, el cual asegura que también los pobladores habían realizado trabajos en el río para poder cruzarlo, incluso con una reducción hasta de 10 metros en algunas áreas.

Pero esa información, según los vecinos, nunca llegó a sus oídos.

Los habitantes estaban acostumbrados a vivir con el desborde del río y deslizamientos de tierra. De hecho, no fue sino hasta el lunes, tres días después de la tragedia, que autoridades declararon el lugar inhabitable.

Marco Antonio Pu, de 17 años que ahora le toca vivir en un albergue luego de perder su casa, dijo que sí hubo algunos derrumbes, pero nada grave. “Nunca imaginé un deslave así”, comentó el joven.

Evelyn de Cifuentes, una de los más de 250 afectados que están viviendo en los albergues locales desde la tragedia, recuerda que su suegra murió por otro derrumbe en el mismo lugar.

“Mi suegra murió en un derrumbe también en 2010, nosotros ya teníamos miedo”, dijo De Cifuentes. Aun así, decidió con su familia quedarse.

Manuel Pocasangre, vocero de la Municipalidad local reconoce que no hay documentos sobre el aviso que se habría hecho a la población. “Se hizo de boca en boca, de casa en casa, hacerlo así es parte de las costumbres de la comunidad”, dijo.

La geografía de Cambray II

Cambray II está ubicado al fondo de un hoyo bordeado por montañas, cerros y un río. Solo cuenta con un acceso de entrada y salida, las condiciones perfectas para una catástrofe.

De Cifuentes dijo que su casa aún estaba siendo pagada por su esposo.

Por lo pronto, el Ministerio Publico informó el martes que ya inició una investigación para establecer responsabilidades penales de quienes autorizaron la construcción de las casas en el lugar. También indaga si los constructores contaban con licencias e informes sobre lo peligroso del lugar.

“Ya abrimos una investigación, paralela a la parte de identificación de víctimas, levantamientos de actas sobre las defunciones, vamos a establecer el grado de responsabilidad que se pudiese establecer, de quién autorizó las obras en el lugar o si alguien no tomó las acciones oportunas para evitar la tragedia”, explicó Pérez.

El territorio de Cambray II estaba en disputa desde 2002, cuando la Municipalidad de Guatemala reclamó dicho territorio. Incluso en su página oficial aparece el área del lugar como parte de su jurisdicción.

Sin embargo, era la Municipalidad de Santa Catarina la que proveía de servicios de agua a la población y donde los habitantes pagaban su impuesto de vivienda.

“Licencias (de construcción) aquí por parte de la municipalidad de Santa Catarina, no hay, pero sí (se pagaban) servicios, como el agua potable o el del Impuesto Unico sobre inmuebles”, dijo Pocasangre.

El vocero confirmó que la comuna recolectaba el pago del Impuesto Unico sobre inmuebles, que cada propietario de una vivienda hace anualmente. “No eran todos, pero sí lo pagaban en la municipalidad de Santa Catarina”, dijo Pocasangre.

La municipalidad de Santa Catarina sostiene que sí respondió a una de las recomendaciones del informe de Conred, que era dragar el río del lugar. Pero no hizo lo mismo con una de las primeras sugerencias, que era iniciar negociaciones para reubicar a los pobladores de Cambray.

Según el director Ejecutivo de la Conred, Alejandro Maldonado, tras declararse Cambray II con un lugar inhabitable, ahora sí se tendrá que reubicar a la población del lugar.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo que hizo un llamado a la municipalidad para que desaloje a otras 50 familias que aún están en el área o tomará acciones legales.

De León recordó que la misma condición de riesgo existe por toda Guatemala. La Conred estima en 8,000 las localidades bajo peligro.

“Guatemala, uno de los cinco países más vulnerables del mundo… Con las condiciones de la pobreza en las que se vive y las condiciones de peligro… tenemos enorme riesgo que eso se vuelva a repetir”, dijo De León. “No pueden autorizar casas en áreas con condiciones peligrosas”, añadió.

Conred había hecho al menos dos reportes anteriores, en 2001 y 2008, en los que identificaba a Cambray como de alto riesgo. Uno de los informes siguió al devastador huracán Mitch que azotó la región centroamericana en 1998 y el otro llegó con el Huracán Stan en 2005.