Disputa laboral de intérpretes amenaza con agravar demoras en tribunales de Inmigración

Washington.- Los intérpretes que trabajan a diario en los tribunales de Inmigración son una pieza clave en la resolución de casos de deportación, asilo y demás beneficios migratorios, pero una disputa con un nuevo contratista federal amenaza con agravar la escasez de intérpretes y las demoras en las cortes.

Se calcula que apenas cerca del 15% de los casos de inmigración se llevan a cabo en inglés, y la mayoría del resto se realiza en español y otros idiomas.

El Departamento de Justicia, que hasta este verano se apoyaba en los servicios de la empresa Lionbridge, recurre a 67 intérpretes fijos de la agencia, y otros 1,650 intérpretes independientes, para procesar los aproximadamente 456,000 casos rezagados en las cortes de inmigración.

En entrevistas hoy con este diario, varios intérpretes se quejaron de que, para ahorrar costos, el Departamento de Justicia otorgó en julio pasado un contrato de hasta $80 millones a la empresa SOS International (SOSi) para que a partir de noviembre provea servicios de interpretación en más de 300 idiomas y dialectos en las cortes.

Sólo que la empresa, especializada en contratos militares, a su vez les ofrece salarios más bajos y condiciones laborales “inaceptables”,  y ahora muchos intérpretes se niegan a firmar un contrato con SOSi.

“He sido una intérprete en las cortes de inmigración por más de 13 años. Nunca recibí un aumento, y no voy a firmar un contrato que empeora mi situación financiera porque voy a ganar menos…”, dijo la intérprete Patricia Rivadeneira en entrevista telefónica desde California.

“Acá no solo los intérpretes salimos perjudicados sino también los inmigrantes y sus familias, que ya están en situación vulnerable y no pueden permitirse errores en la traducción de sus testimonios. Nuestro temor es que la empresa contrate gente con menos experiencia y menos cualificaciones”, se quejó.

Rivadeneira precisó que SOSi ofrece salarios bajos y reembolsos inadecuados por gastos de transporte, y notificación de menos de 24 horas para cancelar sus servicios.

Otra intérprete, que no quiso dar su nombre, señaló que el Departamento de Justicia ha decidido ahorrar costos sin tomar en cuenta que “está poniendo en riesgo la situación de muchos inmigrantes” y SOSi “no quiere ni siquiera proveer condiciones laborales básicas para este sector”.

SOSi, que al parecer le ha ahorrado al gobierno federal un 39% del gasto operacional para intérpretes, aún no ha respondido a una solicitud para comentar la situación.

Casos de supervivencia

La ley federal exige el uso de intérpretes en casos criminales y, gracias en parte al Acta de Derechos Civiles, también se requieren en procedimientos judiciales que implican el uso de fondos públicos.  Varios gobiernos estatales han adoptado leyes que exigen este servicio en sus cortes.

En los tribunales de Inmigración, bajo supervisión de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (OIR),  los intérpretes no requieren una certificación especializada a nivel federal pero sí deben conocer la terminología criminal, los entresijos de las leyes de inmigración, y los equipos empleados en los tribunales.

Son de vital importancia para inmigrantes que afrontan casos de vida o muerte, y una palabra o frase mal traducidas puede tener graves consecuencias.

“Los jueces dependemos de interpretaciones precisas para asegurar que las decisiones que tomamos se basan en los hechos expresados por el inmigrante, no en posibles malos entendidos que pueden conducir a errores judiciales, no intencionados pero serios”, dijo la jueza Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, en inglés), quien evitó comentar sobre la disputa laboral con SOSi.

Por su parte, el abogado de inmigración, José Pertierra, señaló, sin los intérpretes, “los tribunales no pueden impartir debido proceso de ley, ni tampoco hacer justicia en los casos”.

“Los jueces, los fiscales, los intérpretes y los abogados son parte esencial del proceso. Si eliminas a cualquiera de ellos, dañas mortalmente al proceso… y atropellas la justicia que le corresponde a los inmigrantes”, enfatizó.

¿Quién defiende a los intérpretes?

La disputa laboral con SOSi ha llegado al punto que muchos han intérpretes iniciado negociaciones orgánicas  en California, Texas, Colorado y Washington, para formar un grupo nacional que represente sus intereses.

“No tenemos a nadie que defienda nuestros derechos y nuestros intereses, y por eso hemos empezado a discutir la creación de un grupo nacional que pueda establecer protecciones”, explicó Rivadeneira.