Aumentan presión para lograr cierre de centro de detención en Pensilvania

Washington.- El Centro Residencial en el Condado Berks (BCRC), en Pensilvania, que ha registrado violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes, podría perder su licencia en febrero próximo, lo que este viernes dio un nuevo impulso a grupos proinmigrantes que exigen su cierre.

El centro, en la localidad de Bern, es uno de tres centros de detención que utiliza el gobierno federal para inmigrantes indocumentados pero, ayer jueves, el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania amenazó con revocarle la licencia en febrero próximo si continúa albergando a niños refugiados y sus familias.

La instalación, que tiene capacidad para hasta 96 detenidos, sólo tiene autorización para albergar a niños, pero también mantiene a adultos y ha solicitado permiso para ampliar el número a 192 personas.

En una carta enviada al centro, el secretario de Salud de Pensilvania, Ted Dallas, explicó que la instalación tiene que cumplir con los requisitos de su licencia estatal, o arriesgarse a perder la licencia.

DHS official statement regarding Berks County Residential Center as a family residential facility: pic.twitter.com/tPFxtSWGi8

— Pennsylvania DHS (@PAHumanServices) October 22, 2015

//platform.twitter.com/widgets.js

El activismo contra el BCRC se produce mientras la Administración Obama tiene plazo hasta esta medianoche para cumplir con una orden judicial de poner en libertad a los inmigrantes en los centros de detención.

¿Por qué esperar?

En entrevista telefónica con este diario, Jennifer Lee, directora legal del Centro Sheller para la Justicia Social de la Universidad Temple, afirmó que las autoridades de Pensilvania no deben perder un minuto más y revocar hoy mismo la licencia.

“No está muy claro qué va a suceder, pero creemos que las autoridades ya deberían revocar esta licencia, para que estas familias puedan quedar en libertad”, dijo Lee, al recordar que una amplia coalición de activistas ha denunciado en reiteradas veces las violaciones de los derechos humanos en ese centro, donde “ninguno de los niños (refugiados) está allí por orden judicial”.

“No está bien que mantengan detenidos a los niños –la asociación de pediatras lo ha denunciado-, y nosotros vamos a seguir presionando por el cierre definitivo del centro”, prometió.

Lee calificó como “altamente positivo” un informe emitido ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió a EEUU que ponga fin a su práctica de “la detención automática y arbitraria de familias”, por considerar que eso da fuerza al movimiento nacional contra los centros de detención.

Serie de abusos

Otros activistas han recordado que el centro ha registrado abusos de los derechos humanos, incluyendo la violación sexual de una adolescente frente a otros detenidos y la negligencia médica de niños.

Erika Almirón, directora ejecutiva de “Juntos”, dijo en un comunicado que la coalición de centenares de activistas realizará marchas en Harrisburg si el secretario Dallas permite que continúen las operaciones en el centro de detenciones.  En junio pasado, 20 inmigrantes iniciaron  una huelga de hambre hasta que fueron puestos en libertad.

Explicación oficial

Kait Gillis, portavoz del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Pensilvania explicó a este diario que la agencia estatal emite licencias para “instalaciones residenciales” para niños que, por las razones que sean, “no están acompañados por sus padres o guardianes”.

Por lo general, los niños llegan a estos centros por orden judicial o de forma voluntaria, o porque tienen necesidades clínicas particulares que no pueden atenderse en un ambiente familiar, y el DHS da licencias para guarderías, programas residenciales para niños o adultos con discapacitades intelectuales, centros de salud mental, y hogares para cuidado personal.

La agencia no otorga licencias para instalaciones que alberguen a unidades familiares y, por lo tanto, considera que el BCRC “no está funcionando como una instalación residencial para niños”, explicó Gillis.

Presiones desde el Congreso

Desde que comenzó la crisis humanitaria en la frontera sur en 2014, líderes demócratas del Congreso también han pedido a la Administración Obama el cierre de los centros y la búsqueda de medidas alternativas.

Consultado por este diario, el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, vaticinó hoy que el sistema de detención de familias tiene sus días contados.

“Quizá no ocurra con la rapidez que queremos, pero van de salida. Estas son cárceles, aunque les llamen por otro nombre, para madres y niños que buscan asilo y escapan de traumas”, dijo Gutiérrez.

“Tenemos mejores maneras, más humanas, más eficientes y menos costosas, para procesar a los que solicitan asilo, y de acuerdo con una orden judicial, el presidente Barack Obama y el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, deben hacer la transición a un  mejor sistema”, puntualizó Gutiérrez, quien ha liderado esta lucha.