Operativo enfrenta a mexicanos con el “gandalla” que llevan dentro

Apenas arranca la mañana laboral y ya nadie está trabajando en la colonia Escandón, un barrio de clase media alta de la Ciudad de México popular por sus restaurantes, cantinas y un efervescente mercado recién remodelado. Vendedores, amas de casa, oficinistas, paseantes y jubilados dejaron a un lado su trabajo para asomarse a ver el escándalo.

Están pálidos. No se mueven. Sólo observan con los ojos muy abiertos.

Unos días antes se había armado un zafarrancho y varios de estos observadores fueron protagonistas, armados con palos y tubos para evitar que funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo se llevaran sus armazones de madera o metal que llaman “burros” y sirven para “apartar” espacios en la vía pública como si fuera su propiedad para poner ahí sus coches, vendimias o hasta para alquiler.

La tensión se siente en el ambiente porque esas mismas autoridades encabezadas por Mariana de la Chica y Arne aus den Ruthen Hagg ahora vienen custodiados por policías y dirigiendo un camión que va recogiendo cachivaches calle por calle.

El objetivo es quitar poder a los “gandallas” –mexicanismo que califica a los bribones o abusadores- que además de violar el reglamento de tránsito y la Ley de Cultura Cívica envían el mensaje “terrible” de impunidad en la zona y a todo el país.

“En la delegación creemos que un delincuente no empieza su carrera con el robo (como regularmente se cree), sino con pequeños abusos como este, como adueñarse de la vía pública”, dice Mariana de la Chica, la joven funcionaria que mientras acarrea burros, maderos, hieleras, botes y macetas rompe con todos los estereotipos del burócrata de escritorio.

“Saca las cizallas”, pide a uno de sus compañeros que la acompaña sobre la camioneta blanca que avanza escombrando. El muchacho saca unas pinzas enormes y corta, pica, intenta sacar el tubo.

“La otra vez nos echaron montón porque vinimos solos”, recuerda Mariana sobre la calle Minería donde justo acaban de quitar un armatoste y un rubicundo desgreñado y enojado rezonga entre dientes pero sin escándalo. “Deberían primero dejar de ser corruptos”.

Desde octubre pasado que iniciaron los operativos “antigandallas” los funcionarios de Miguel Hidalgo han remitido a 31 personas al juzgado civil porque se opusieron hasta los golpes a que se les quite su coto de poder; a cuatro más, se enviaron al ministerio público para que los investiguen por portación ilegal de armas de fuego con las que amenazaron.

“Todos los días la gente me hace algo: hoy mismo un viejito ‘gandallita’ me amenazaba con una escoba mientras yo quitaba sus cachivaches hacía que barría y la levantaba como si fuera a pegarme”, cuenta Arne quien se une al grupo casi al final del operativo en Escandón para inspeccionar el trabajo de su equipo.

El resultado es tangible porque hay un camión de volteo lleno de cachivaches pero el más importante no se ve: el fomento a la cultura de la legalidad porque, si se mira con frialdad, adueñarse de un lugar público puede ser la antesala al cobro de piso.

“El mal de este país es que no importa la edad, la religión o el estatus socioeconómico: nadie quiere asumir la responsabilidad de sus malos actos y por ahí comienza la cultura de la ilegalidad”.

CULTURA DEL GANDALLA

• 30 objetos retira al día la policía de la Ciudad de México que gente de todas las clases sociales pone para apartar lugar en la vía pública.
• 2,000 personas operan para este fin sólo en la delegación Miguel Hidalgo, una de las 16 que integran la capital mexicana.
• 12,000 personas son denunciadas al año por “agandallar” banquetas y calles; el 90% de estas faltas quedan impunes.
• La falta de una base biométrica –contemplada en la Ley de Cultura Cívica- que identifique a quienes comenten faltas administrativas reincidentes impide que se frene la actitud de apartar lugar en la vía publica.