Tribunal Supremo examina legalidad de los alivios migratorios de Obama

WASHINGTON.- En cuestión de 90 minutos y en medio de fuertes divisiones ideológicas, el Tribunal Supremo examinó este lunes en una esperada audiencia la legalidad y el futuro de los alivios migratorios para poco más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, con un eventual dictamen que tendrá repercusiones en la comunidad inmigrante y en la contienda presidencial.

El caso “United States v. Texas” llegó hasta el Tribunal Supremo por una demanda de 26 estados bajo control republicano, liderados por Texas y  opuestos a los alivios migratorios.  Sendos tribunales en Texas y Louisiana decidieron en febrero y noviembre del año pasado, respectivamente, congelar los alivios migratorios anunciados por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014.

En juego están la expansión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido como “DAPA”, que darían cobijo a cerca de cinco millones de indocumentados, además de permisos de trabajo.

En el hacinado salón, buena parte de las preguntas de los ocho magistrados –aún está vacante el puesto del fallecido juez Antonin Scalia- tuvo que ver con la autoridad de los 26 estados para entablar la demanda debido a la presunta carga económica de dar beneficios públicos y licencias de conducir a los inmigrantes.

El abogado del gobierno federal ante el Tribunal Supremo, Donald B. Verrilli,  afrontó fuertes líneas de preguntas por parte del presidente de la máxima corte, el conservador John Roberts, y de los jueces Anthony Kennedy,  Sam Alito, y Stephen Breyer, sobre la autoridad de Obama de proteger a toda una categoría de inmigrantes de la deportación.

“Es como si el presidente está definiendo la política (migratoria) y el Congreso la está ejecutando. Eso está al revés”, observó Kennedy.

Verrilli argumentó que Texas bien podría modificar su ley estatal para negar licencias de conducir a los beneficiarios de los alivios migratorios –DAPA no obliga a los estados a otorgarlas-,  pero de inmediato Roberts sugirió que el gobierno federal con seguridad entablaría una demanda si eso ocurriera.

Por su parte,  la jueza Sonia Sotomayor recordó que hay cerca de once millones de inmigrantes que no pueden ser deportados porque no hay suficientes recursos y “están acá, los querramos o no”.

En general, los cuatro jueces conservadores demostraron abierto escepticismo sobre las acciones ejecutivas de Obama, mientras que los cuatro de corte progresista –incluyendo Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Bader Ginsburg- insistieron en que el gobierno federal tiene amplio margen para el cumplimiento de las leyes migratorias con los recursos limitados que tiene.

La defensa del gobierno

 En los documentos legales, Verrilli ha insistido en que los programas de DACA y DAPA no confieren un “estatus legal” sino más bien un amparo temporal de la deportación.

Obama no es el único en echar mano de acciones ejecutivas en el campo migratorio: los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush también adoptaron medidas para proteger a inmigrantes sin esperar el visto bueno del Congreso.

En nombre de los posibles beneficiarios, el abogado Tom Sáenz, presidente de la organización hispana MALDEF, dijo ante los jueces que el caso es, ante todo, “una disputa política”, y que los permisos de trabajo no tienen relación alguna con las licencias de conducir.

El contraataque republicano

Para los 26 estados demandantes, y líderes y grupos conservadores que los respaldan, no se trata de un mero asunto regulatorio sino de una grave amenaza a la Constitución porque, según el abogado de Texas ante el Supremo, Scott Keller, Obama se ha atribuido poderes que no le corresponden al dar estatus de “presencia legal” a los indocumentados y permitirles acceder a beneficios.

Más que cuestionar la autoridad de establecer prioridades en las deportaciones, los demandantes argumentaron que los alivios migratorios conllevarían una carga pública porque los estados tendrían que ofrecer servicios públicos a los beneficiarios.

Obama no puede cambiar las leyes a su antojo, y con sus medidas ejecutivas está violando la separación de poderes establecida en la Constitución, argumentó la abogada Erin Murphy, quien representó a los republicanos de la Cámara de Representantes.

Aunque no es un cambio de leyes sino la ampliación de la “discreción procesal” a un mayor número de indocumentados, los demandantes insisten en que Obama ha violado las leyes y la corte debe anular los alivios migratorios.

Posibles escenarios

Nadie sabe a ciencia cierta qué decidirá el Tribunal Supremo, pero la máxima corte tiene varios posibles escenarios.

Si decide que Texas y los demás estados no tienen autoridad legal para demandar al gobierno federal, el resto de las preguntas perderían validez y el caso quedaría anulado, dando luz verde a los alivios migratorios.

La peor de las opciones para la Administración Obama sería un empate de 4-4, lo que mantendría en pie la suspensión de los alivios migratorios hasta que el asunto se resuelva en los tribunales de menor instancia.

Los magistrados también podrían decantarse por la implementación de los programas, si determinan que Obama actuó dentro de los poderes ejecutivos que le confiere la Constitución sobre cómo hacer cumplir las leyes del país.

Tanto en protestas callejeras como en peticiones en las redes sociales, grupos pro-inmigrantes se han dado a la tarea de defender los alivios migratorios, apoyando en los testimonios y temores de quienes, por falta de “papeles”, viven y trabajan en la clandestinidad y bajo el constante miedo a la deportación.

Afuera del Tribunal Supremo, centenares de activistas y familias inmigrantes de estados como California, Nueva York, Florida, Michigan e Illinois, gritaban consignas a favor de los alivios migratorios, sofocando los gritos de un puñado de activistas conservadores opuestos a esos programas.