Ombudsman exige al gobierno mexicano reconocer los desplazamientos forzados
La Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que hay al menos a 35,433 personas víctimas de desplazamiento
MÉXICO – Es un secreto a voces: la violencia y otros problemas echó miles (quizás más 58,000) de sus terruños, de su hogar, y los envió a otra parte del país aunque no querían.
Así lo cuchichearon víctimas y autoridades municipales y estatales a personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que elaborara su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI).
Siempre bajo el anonimato, a medias tintas, por miedo a la muerte o a la descalificación porque en México no se reconoce oficialmente el desplazamiento forzado. “No hay una norma que establezca qué es o un marco de actuación cuando sucede”, dijo Luis González Pérez, presidente de la CNDH. “Tampoco hay estadísticas públicas”.
Para cubrir esta carencia, la CNDH elaboró una encuesta con 1,000 cuestionarios en 63 municipios de los 32 que le dio una idea empírica de la dimensión del problema y la urgencia de enfrentarlo.
Al responder las dudas de los defensores de derechos humanos, autoridades de diversos niveles sumaron, multiplicaron y afirmaron reconocer al menos a 35,433 personas víctimas del DFI, a las que se sumaron 6,685 víctimas más de otras organizaciones independientes y 16, 092 con perfil de indígenas desplazados en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca.
“Es urgente que el Estado mexicano reconozca oficialmente la existencia de este problema, haga un censo, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia, que establezca el marco jurídico”, destacó Pérez.
Hace años que la CNDH comenzó a trabajar con un Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que a la fecha no existe, y ahora puso a “consideración” de las autoridades correspondientes.
Estas autoridades son las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública, de Salud, Congreso de la Unión, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como Gobiernos de las entidades federativas, congresos locales y gobiernos municipales.
Los estados con mayor número de desplazados son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamauliapas y Jalisco, las entidades donde existe mayor presencia del crimen organizado y de ingobernabilidad.
La Organización de la Naciones Unidas (a través de su agencia ACNUR) considera que los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país por lo que se incrementan los riesgos.
