Hispana recibe cuantiosa indemnización por sufrir abusos en la frontera
La mujer, identificada en los documentos como "Jane Doe" fue sometida a seis horas de minuciosa inspección corporal por haber puesto en "alerta" a un equipo canino de la Patrulla Fronteriza. No le encontraron drogas ni afrontó cargos, pero sufre las secuelas del humillante trato.
Crédito: Archivo | John Moore/Getty Images
WASHINGTON.- Una mujer latina, nacida en EEUU, recibirá $475,000 de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) por ser víctima de una humillante inspección de sus partes íntimas a manos de agentes fronterizos en el Paso (Texas) en 2012, en el marco de un inédito acuerdo con la Unión de Libertades Civiles de EEUU (EEUU), informó este jueves la organización.
Las oficinas de ACLU en Nuevo México, donde reside la mujer, y de Texas, donde ocurrió el incidente, presentaron una demanda en 2013 contra la CBP, varios agentes y otros funcionarios, y contra el Centro Médico Universitario de El Paso, en busca de indemnización, porque la mujer sigue sufriendo las secuelas del trauma que vivió.
La mujer, de 54 años e identificada en el documento como “Jane Doe” para proteger su vida privada, no ha querido otorgar entrevistas a la prensa, pero la ACLU confirmó hoy a este diario que se trata de una “estadounidense de origen hispano”.
“Este es uno de los acuerdos más grandes que jamás se haya obtenido por un caso semejante. Esperamos que esto sirva de advertencia a la CBP de que no puede salirse con la suya al someter a alguien a una experiencia tan inhumana, una pesadilla tan traumatizante”, dijo a este diario Micah McCoy, director de comunicaciones de la ACLU de New Mexico.
Durante seis horas, la mujer fue sometida a una inspección manual vaginal y anal, “y cuando no encontraron nada, hicieron una inspección de sus excrementos”, según McCoy.
“Como parte de este acuerdo, también negociamos que centenares de oficiales y supervisores de la Patrulla Fronteriza en los puertos de entrada reciban más capacitación, para que este tipo de incidentes no vuelva a ocurrir”, agregó.
Respuesta de la CBP
Consultada por este diario, la oficina de la CBP confirmó al final del día el acuerdo pactado mediante la corte del distrito occidental de Texas, pero insistió en que éste no debe interpretarse como “una admisión de culpabilidad”.
“El acuerdo fue pactado entre ambas partes para llegar a un consenso sobre los alegatos en disputa y para evitar los gastos de más litigio”, indicó un portavoz de la CBP, Dan Hetlage, en un correo electrónico enviado a este diario.
La CBP, además, tiene “políticas, procedimientos y capacitación para asegurar que sus oficiales y agentes tratan a los viajeros y a los que tienen bajo su custodia con profesionalismo y cortesía, a la vez que protegen los derechos y libertades civiles, y el bienestar de cada individuo”, agregó Hetlage, al subrayar que su principal misión es “proteger a todos los ciudadanos y visitantes a EEUU”.
Detalles del caso
La mujer, que no afrontó cargos tras su odisea, había ido a visitar a un amigo en México y al regresar a EEUU por el Puente Cordova hacia El Paso, el 8 de diciembre de 2012, fue detenida porque un equipo canino presuntamente había olfateado drogas.
Con linterna en mano, los agentes la examinaron en busca de contrabando y cuando no lo encontraron, la trasladaron al Centro Médico Universitario de El Paso.
Allí, la mujer recibió una radiografía y un “CT-scan”, que tampoco arrojaron pruebas de que ésta cargaba drogas, por lo que también fue sometida a una inspección vaginal y anal, según el documento legal.
La mujer no sólo no dio consentimiento a estos exámenes sino que, posteriormente, el centro médico le envió una factura por más de $5,000 por sus “servicios”.
El año pasado, el centro médico otorgó a la mujer una indemnización por $1,1 millones por su colusión con las autoridades federales, precisó la ACLU.
La directora ejecutiva de ACLU en Texas, Terri Burke, dijo la “indecible” experiencia que atravesó “Jane Doe” es una “violación imperdonable de la confianza” depositada en los médicos y agentes policiales, que tienen como máxima prioridad velar por la salud y seguridad física de las personas.
“Estas atrocidades se cometieron con nuestro dinero (fondos públicos) y en nombre nuestro, pero no es suficiente exigirles cuentas. Debemos asegurar que cada agente policial y cada miembro del personal médico entienda las consecuencias de violar los derechos de las personas de forma tan atroz y tan íntima”, enfatizó Burke.
Por ello, las afiliadas de la ACLU a lo largo de la frontera del suroeste enviaron hoy mismo una carta a 110 centros médicos, desde San Diego (California) a Houston (Texas) en la que detallaron los derechos y responsabilidades del personal médico cuando reciban solicitud de agentes federales para hacer inspecciones corporales de viajeros.
En la misiva, advirtieron de que los centros médicos pueden exponerse a acciones legales si realizan ese tipo de inspecciones invasivas sin la debida orden judicial.
La lista completa de las instalaciones médicas que recibieron la carta de ACLU se encuentra aquí.
