Madre latina vendió su casa para poder pagar por la detención de su hijo

“Ganamos”.

Cuando María Rivera escuchó las palabras de su abogada no pudo contenerse y se echó a llorar. Después de tres años de trámites legales, Rivera finalmente pudo probar su caso.

Todo comenzó años atrás cuando uno de sus tres hijos fue arrestado. “Tenía 16 años, andaba medio rebelde y terminó en la juvenil”, recordó con tristeza. “A mí me mató, porque como madre una siempre quiere proteger a sus hijos. Fue un dolor muy grande, del que no se va. Yo siempre una mujer muy honesta que respeto las leyes y nunca he tenido siquiera un ticket. Me sentí muy humillada”, confesó.

Cuando el joven salió en libertad, los padres acordaron ingresarlo en un programa de desintoxicación y apoyarlo en su reintegro a la sociedad.

“En esa época, nos divorciamos con el padre y vendimos la casa para poder pagar por las cuentas que nos llegaban del Departamento de ‘Probation’ [libertad condicional] del condado de Orange”, contó Rivera. La madre explicó que les llegó una cuenta de $10,000 dólares por el tiempo en la juvenil, deuda que pagó con el dinero que le dieron por su casa.

Pero a los tres meses, el condado de Orange le volvió a enviar una cuenta por más de $8,000. “Yo creí que ya habíamos pagado por todo. No podía entender. Mi situación entonces ya había cambiado, me había quedado sin hogar, no tenía cómo pagarlo”.

Rivera llamó al Departamento de Libertad Condicional, explicó su situación y llenó el formulario correspondiente, pero los llamados siguieron llegando.

“Me llamaban constantemente, amenazándome con que me quitarían el sueldo y que me llevarían presa si no les pagaba”, recordó. “No sé por qué estaban ensañados conmigo, al padre no lo llamaban ni lo acosaban tanto como hacían conmigo”, notó. “La presión era tan grande, yo sentía que el mundo se me venía encima”

Rivera decidió pedir ayuda, llamó al 211 dónde la refirieron al Centro Legal Público, una firma legal “Pro-Bono” (gratuita) que ofrece asistencia a residentes de bajos recursos del condado de Orange. Afortunadamente, Rivera había guardado todos los documentos y se los entregó a su abogada Elizabeth González.

“Yo siempre fui muy recta, no es que me negaba a pagar, sólo que me era imposible”.

La primera vez que se presentaron a juicio a raíz del cobro exagerado perdieron el caso, pero no por eso se dieron por vencidas. Los abogados llevaron el juicio a las cortes mayores, y finalmente ganaron. “Me decían que yo debía pagar por la manutención de mi hijo (Child Support) pero eso no está contemplado por la ley. No es que yo no quería mantener a mi hijo, sino que la corte se lo había llevado y estaba en la juvenil”, explicó.

Cuando supo que no debía el dinero que le habían estado reclamando, sintió un alivio increíble y se echó a llorar. “Hoy mi hijo está recuperándose. Él es un hermoso ser humano, muy tierno y súper inteligente”, aseguró

“Muchos padres se encuentran en situaciones similares, pero cada caso es distinto”, opinó Rivera. La madre aconsejó no dejar de buscar respuestas. “En mi caso, yo no podía dejar de cuestionarme, algo me decía que ese cobro no era lo correcto”. Rivera notó que en muchos casos, los padres pagan por deudas que no les corresponden.

“Esta es una gran victoria, no sólo para nuestra clienta, sino para innumerables ‘honestos pero desafortunados’ deudores en el condado de Orange, y a través del Circuito Noveno”, opinó Leigh Ferrin, Abogada y directora de la unidad legal de consumidores de Public Law Center.

En los documentos del juicio, el panel indica que Rivera actuó de buena fe y que “las acciones del condado comprometieron las metas de la correccional juvenil y los intereses de menor, irónicamente perjudicando la habilidad de la madre de proveerle [al joven] un apoyo en el futuro” quien tuvo que declararse en bancarrota y que trata de apoyar su rehabilitación.

Para más información, puedes visitar: http://www.publiclawcenter.org