Tecnología facilita ayuda legal en centro de detención de migrantes
Sin forma de comunicarse con abogados y lejos de todo, casi ningún detenido del centro Stewart en Georgia lograba representación legal. El centro privado tardó dos años en cumplir condición de su contrato de instalar la tecnología.
Cuando el gobierno de Estados Unidos contrató con Corrections Corporation of America (CCA) para operar un masivo centro de detención de inmigrantes a 150 millas de Atlanta, Georgia, el contrato incluía el requisito de instalar un sistema de videoconferencias para facilitar que los detenidos se comunicaran con abogados y obtuvieran asistencia legal.
Pero pasaron casi dos años sin que ese requisito se cumpliera llevando a este centro, con capacidad para 1700 detenidos, a tener uno de los menores porcentajes de representación legal del país (apenas el 6% logra tener un abogado).
La buena noticia es que el sistema de videoconferencias ha sido instalado finalmente y que, por primera vez, los migrantes detenidos allí tendrán la manera de realizar sus citas a distancia y de tener una representación más efectiva, explicó la subdirectora legal de Southern Poverty Law Center (SPLC), Lisa Graybill.
El nuevo sistema utilizar computadoras equipadas con una webcam, micrófono, bocinas y el programa SKYPE de videoconferencias. Stewart se convierte así en el primer centro de detención de inmigración de todo el país en usar la tecnología para poner a los detenidos en contacto con abogados.
ICE está usando el sistema en Stewart como un programa piloto que podría ser expandido a otros centros.
Teóricamente, los abogados que representaban a detenidos tenían antes la posibilidad de comunicarse con sus clientes por medio de una barrera de “plexiglás” (un plástico duro y trasparente) y usando intercomunicadores que a menudo estaban rotos. Había además otros problemas.
“Este centro no está cerca de una zona metropolitana, como los que están por Los Angeles. Aquí estamos a dos horas y media de Atlanta, en el pueblo de Lumpkin, Georgia, donde está el centro no hay abogados de inmigración”, explicó Graybill.
Agregó la abogada que esto hacía muy difícil obtener representación legal incluso si era donada o si el detenido podía pagarla.
“Aparte de la dificultad y el costo de movilizar a un abogado para una entrevista, tras manejar tres horas en carretera, a menudo no se les permitía la entrada, ya que no tomaban citas. A veces llegaban y no les permitían ver a su representado, no había protocolos claros de visita”, explicó.
Al revisar el contrato, los abogados pro inmigrantes se dieron cuenta de que cuando CCA y ICE hicieron su contrato en 2014, se incluyó la cláusula requiriendo el sistema, pero esto nunca se cumplió hasta hace poco.
En Marzo, una coalición de grupos de derechos civiles envió una carta a ICE, autoridades locales y CCA expresando su preocupación por la falta del sistema y sus consecuencias para los migrantes allí detenidos, la mayoría de los cuales está en proceso de deportación o esperando un caso de asilo.
“ICE debería ser mucho más vigilante con estas compañías privadas y el cumplimiento de sus contratos”, dijo Graybill, apuntando que esta puede ser una de las muchas razones por la cual sea algo bueno dejar de contratar con empresas privadas para manejar centros de detención.
Para un migrante detenido, las consecuencias de no tener un abogado especialista en inmigración que pueda interceder por él a las autoridades son inmensas.
“Hay múltiples estudios que comprueban que tener ayuda legal facilita que el migrante pueda salir bajo fianza, el salir ayuda a que este consiga la asistencia que necesita para pelear su caso y por supuesto, estar representado aumenta notablemente la probabilidad de éxito en defenderse de la deportación o lograr alivio migratorio”, indicó.
