Entregan 200,000 firmas al DHS y exigen a secretario de Seguridad Nacional cierre de prisiones privadas para inmigrantes
El Departamento de Seguridad Nacional sopesa qué hacer con sus contratos para cárceles privadas y prevé anunciar su decisión después de recibir recomendaciones de un comité especial a finales de noviembre próximo
Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
WASHINGTON.- Activistas pro-inmigrantes entregaron este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) unas 200,000 firmas para exigir que anule sus contratos con centros de detención privados para inmigrantes, y confrontraron al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, al respecto.
Johnson participó hoy en un acto sobre Seguridad Nacional en el Harman Center for the Arts en Washington y, a la salida del edificio, los activistas lo esperaban en la acera para exigirle que atienda ya la crisis en los centros de detención para migrantes.
Una madre y activista guatemalteca de Georgia, Cindy Barrientos, le pidió en particular que intercediera por su hijo, que lleva mása de 15 meses detenido.
El Departamento de Justicia indicó el mes pasado que cancelará sus contratos con empresas que administran cárceles privadas, y se prevé que el DHS anuncie una decisión sobre el futuro de los centros de detención inmigrantes a finales de noviembre próximo.
Como medida de presión, los activistas iniciaron una campaña de peticiones en línea y a través de las redes sociales con las etiquetas “#CutTheContracts”, y “#Not1More”, con la meta de lograr la anulación de contratos para empresas como el “GEO Group” y “Corrections Corporation of America” (CCA).
Según los activistas, entre los que figuraron migrantes liberados de centros de detención, las empresas con contratos federales se han lucrado gracias a prácticas y leyes “racistas” que perjudican a los negros y latinos, desproporcionadamente representados en los centros de detención a su cargo.
Los negros, en concreto, son el 7% de toda la población inmigrante pero conforman el 20% de los inmigrantes detenidos o deportados. Las familias hispanas siguen sufriendo a causa de las “abusivas” prácticas de detención y deportación, según los activistas.
Varios informes han documentado, además, las malas condiciones en los centros de detención y los abusos a los que han sido sometidos los inmigrantes.
En 2015, la CCA generó ingresos por unos $1,800 millones gracias en parte a sus contractos con el DHS, y en agosto pasado consiguió un contrato de cuatro años por mil millones de dólares para la detención de inmigrantes centroamericanos.
Cada año, el Congreso aprueba fondos para que el DHS pueda detener en sus centros de detención a hasta 400,000 inmigrantes al año.
Del total de detenidos por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el 11% está en instalaciones propias, el 18% está en instalaciones administradas por empresas privadas, y el 24% está en las de gobiernos locales y estateles, indicó un estudio del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP, en inglés).
Rashad Robinson, director ejecutivo de “Color of Change”, dijo que el sistema de prisiones privadas es “una mancha moral en la conciencia” de EEUU, y es un peligroso sector que vive de políticas que le generan jugosas ganancias.
Jacinta González, directora de operaciones de campo de Mijente y la Campaña “Not1MoreDeportation”, aseguró que el DHS no debe prestarse como cliente de reemplazo de esas empresas una vez que pierdan sus contratos con el Departamento de Justicia.
“La revisión (del DHS) debe investigar a esas instalaciones y responder a las políticas y ennjuiciamientos que las están llenando innecesariamente”, agregó.
La campaña de firmas cuenta con la participación de activistas de más de 350 grupos cívicos y defensores de los derechos legales, incluyendo CREDO Action, Presente, Daily Kos, America’s Voice, Mijente, “#Not1More Campaign”, y la Unión de Libertades Civiles de EEUU.
