La crítica contra Puzder como secretario de Trabajo se afila
Una organización calcula que los bajos salarios que paga en su empresa cuestan $247 millones a los contribuyentes
Donald Trump eligió a Andrew Puzder para la secretaría de Trabajo. Getty Images Crédito: Getty Images
La audiencia de confirmación de Andrew Puzder como candidato a la secretaría de Trabajo llegará a primeros de febrero pero hasta esa fecha las críticas contra este nombramiento no hacen más que acumularse.
Puzder es el presidente de CKE Restaurants, la empresa matriz de las hamburgueserías Hardee´s y Carl´s Jr., y el jueves cajeros y cocineros de estas cadenas interpusieron 33 escritos de queja por robo de salario y acoso sexual ante el departamento de Trabajo que aun no lidera y la Comisión de Igualdad de Oportunidades para el Empleo. A ello se une otra demanda por prácticas laborales injustas ante el Consejo Nacional de Relaciones Laborales.
En un comunicado de los trabajadores Ángel Gallegos, cocinero de Carl´s Jr. en Los Ángeles explicaba que en el restaurante en el que trabajaba estuvieron sin pagarle ni un centavo “y sólo me empezaron a dar el salario cuando empecé a dejar de ir al trabajo como protesta”. Gallegos fue uno de los cientos de empleados de esta cadena que protestaron ayer en varios estados y se preguntaba cómo se puede confiar a Puzder “que se encargue de las leyes que protegen a los trabajadores americanos cuando no se puede ni confiar en que retribuya a sus trabajadores”.
Los trabajadores también protesta ser pagados con tarjetas de débito con fuertes comisiones que reducen incluso los salarios mínimos por debajo de los $7.25 obligatorios por ley federal.
Los trabajadores se quejan de que tanto CKE como las franquicias intimidan a los trabajadores para que no hablen con la prensa y no se organicen para reclamar salarios.
Estos mismos empleados reiteran que Puzder dice preferir robots a trabajadores porque estos no se quejan y no se ponen enfermos.
Ninguna de las dos cadenas de comida rápida cotiza en los mercados y no se tiene demasiada información de ellas. No obstante, con las declaraciones del propio candidato a la secretaria de Trabajo y documentos correspondientes a dos compras consecutivas por empresas de capital de riesgo en los últimos seis años, el National Employment Law Project (NELP) estima que los bajos sueldos que estas cadenas pagan a sus trabajadores cuestan a los contribuyentes unos $247 millones al año en protecciones sociales.
Es un dinero que sale de los bolsillos de todo el país y “que mantiene a los trabajadores y sus familias en el desastre económico”, explican.
Para llegar a este cálculo la NELP estima que CKE tiene unos 73,000 trabajadores en posiciones que no implican actividades de gestión. Además los analistas de esta organización toman nota de lo que dijo el propio Puzder sobre las horas que trabaja el 65.5% de ellos, menos de 30 a la semana, lo cual significa que no tienen derecho a seguro médico proporcionado por el empleador. Según un estudio de la Universidad Berkeley de California el costo medio de un empleado de una empresa de comida rápida, era de algo más de $3,300 anuales en 2013. Actualmente, $3,506.
La ayuda pública llega a los trabajadores de la empresa cuando el presidente de esta, Puzder, ganó en 2012 (fecha de la última vez que se hizo público) $4.5 millones. NELP recuerda que era 291 veces el ingreso anual de un trabajador que gana el salario mínimo federal.
Otra organización, Demos, afirma que se opone con rotundidad a este nombramiento porque CKE, bajo la dirección de Puzder “viola sistemáticamente las mismas leyes que el departamento de Trabajo tiene la responsabilidad de aplicar y vigilar que se cumplan”. De acuerdo con los datos de Demos, desde 2000 esta empresa ha sido acusada de 98 violaciones de seguridad bajo leyes federales y estatales, ha contravenido la ley de Estándares Laborales en más de la mitad de los establecimientos de ambas marcas.
El 60% de las investigaciones del departamento de Trabajo desde 2009 revelan que los restaurantes de CKE y sus franquicias han violado las leyes de salarios y horas de labor. Y desde que Puzder llegó a la presidencia en 2000 OSHA ha emitido 98 notificaciones de contravención de normas y 36 de ellas por problemas que podían haber sido fatales.
