Juez Laura Taylor Swain: “No podemos apagar la luz y cerrar la puerta en Puerto Rico”

“El fracaso no es una opción”. Ésa es la guía de la juez Laura Taylor Swain, una mujer que va a ser muy conocida en la isla y entre la gran comunidad puertorriqueña que está en la diáspora. Y no es una opción porque “no podemos apagar la luz y cerrar la puerta en Puerto Rico”, dijo en declaraciones recogidas por Efe.

La juez de Nueva York ha sido nombrada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para estar al frente de un proceso similar al de la quiebra, pero no el mismo que se ha seguido en ciudades como Detroit o la mucho más pequeña Vallejo en California, ya que por ley, los territorios no tienen derecho a esta protección ante acreedores. Este proceso, conocido como título III, tiene similitudes pero no precedentes propios puesto que fue establecido el año pasado como una posible salida a la crisis económica y de deuda en la legislación PROMESA.

El hecho de que se desestime el fracaso en la reestructuración de la inmensa deuda es positivo. No obstante, la alternativa, a la que la juez se refirió en forma metafórica, habla de la dureza de los tiempos que se van a vivir en un Puerto Rico que ya lleva años sufriendo y con pocas ventanas abiertas al optimismo a corto y medio plazo. Y lo avisó, habrá “dolor”, dificultades y “desilusión” para inversionistas y para los puertorriqueños.

La primera vista de este proceso judicial fue el miércoles 17 de mayo, porque era la única alternativa a un estado asociado a EEUU que vive bajo el agobiante peso de una deuda de $74,000 millones y unos $49,000 millones más en obligaciones con pensiones que no puede pagar. Ni tampoco puede refinanciar porque los mercados, siempre generosos con una isla que ofrecía deuda exenta de impuestos, se cerraron cuando se admitió por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, que la carga acumulada era impagable. La crisis económica que se fraguaba desde hacía años y mostró su cara más amarga en 2006 continúa.

La espiral de destrucción de riqueza y precariedad ha sido tal que los puertorriqueños han ido abandonando la isla por miles, lo que ha rebajado los ingresos fiscales en un territorio en el que el 11.5% de la población está desempleada y la participación en el mercado laboral (las personas que trabajan y las que buscan activamente empleo) es del 41.4%, menos de 20 puntos porcentuales que la del resto de EEUU.

El cuadro económico de la isla es de una crisis que se gestionó poco a poco, en buena medida por el apetito y necesidad de deuda para financiar unas cuentas públicas que fueron debilitándose con el tiempo y más cuando desaparecieron los beneficios fiscales a las empresas establecidas en la zona.

La situación con la que se encuentra la juez ante sí es la de un Gobierno en bancarrota que no tiene dinero para pagar a sus bonistas –hedge funds y otros fondos–, tendrá difícil atender a los pensionistas y además atender los servicios básicos de la isla. Hasta ahora el plan de una Junta Fiscal, que desde PROMESA decide las finanzas de la isla, es que se dediquen $800 millones al pago de la deuda y el resto a que el Gobierno siga operando y ofreciendo servicios públicos que ya están muy recortados.

Ahora, en tribunales, se debe negociar una rebaja de la deuda y priorizar a quién se paga primero o a quién más o menos, a los tenedores de deudas general obligatoria (que la Constitución dice que hay que reembolsar por todos los medios) o a los que tienen los bonos de otra entidad emisora, Cofina. A estos últimos se les abona con una porción de los impuestos a las ventas, ahora maltrechos. La dificultad es saber si estos impuestos, constitucionalmente, deben ser desviados a pagar los fondos federales.

Los pensionistas también van a tener su tiempo ante el tribunal y aunque el Título III no tenga precedentes, en la otra gran bancarrota vivida en EEUU, la de Detroit (que ahora se queda pequeña al lado de la de Puerto Rico) se rebajaron las pensiones. Es algo que no puede descartarse en este caso que la juez calificó de “histórico”.

Las negociaciones van a ser duras y los acreedores están exigiendo claridad en las complicadas cuentas de la isla para entender la extensión de lo que se puede negociar. Mientras, el gobernador Ricardo Roselló quiere mantener un mayor capital para no a reducirle servicios a los más vulnerables y él no lo va a hacer, puntualizó el funcionario.

La buena noticia es que en un proceso ordenado de rebaja y pago de quiebra la juez ya ha indicado que quiere que las luces sigan encendidas en la isla y su idea es que la economía tiene que entrar en una senda de crecimiento para poder hacer frente a los pagos que tiene por delante, además de ofrecer servicios básicos de educación, salud y seguridad, entre otros, a los 3.6 millones de personas que la habitan. La otra buena noticia es que PROMESA impide que se vendan activos de la isla (como las playas) para pagar deudas.

Un proceso largo

¿Durante cuánto tiempo estará Puerto Rico bajo la tutela de la juez Laura Taylor Swain? Es altamente probable que cuando el año que viene llegue la fecha del desfile puertorriqueño, la juez siga a cargo de este complejo caso. La bancarrota de Detroit tardó 18 meses en resolverse y ahora, el drama de esta ciudad es pequeño en comparación con el de la isla caribeña.