Es tiempo que reconsideremos lo que significa la seguridad en nuestras comunidades

La extrema vigilancia policial y la criminalización masiva de nuestras comunidades de color es la crisis moral de nuestros tiempos.

Estados Unidos tiene la población más grande de personas encarceladas con aproximadamente 2.2 millones personas en prisión (21 por ciento de los prisioneros del mundo). Mientras, varios departamentos de policía a través del país se encuentran bajo investigación por cargos de brutalidad policial, faltas graves y violaciones a los derechos civiles.

Si el objetivo del encarcelamiento masivo es hacer que nuestras comunidades sean más seguras, esa estrategia ha sido un fracaso. La combinación de leyes punitivas, medidas de orden público agresivas, políticas públicas y decisiones de presupuesto a nivel estatal y federal han resultado en la explotación y encarcelamiento de nuestras comunidades de color, pero no han logrado hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Las ciudades y condados contribuyen a esta crisis mediante cada presupuesto que aprueban.

El Centro para la Democracia Popular, Black Youth Project 100 y el Law for Black Lives acaba de publicar un reporte “Libertad para prosperar: Reimaginando lo que significa la seguridad en nuestras comunidades”, el cual revela cómo las ciudades continúan invirtiendo desproporcionadamente en un enfoque policial punitivo y en la encarcelación, mientras que ignoran flagrantemente los programas sociales y la infraestructura.

El reporte es el resultado de una investigación que duró meses y en la que se analizaron los presupuestos de 12 ciudades y condados, así como entrevistas a docenas de organizaciones comunitarias.

Estos son algunos de los alarmantes hallazgos (basado en los presupuestos del año fiscal 2017):

• En Minneapolis, la ciudad donde Philando Castile fue asesinado por un oficial de la policía durante una parada de tráfico, gasta 36 por ciento de su presupuesto general en la policía. Por cada dólar que invierte en la policía, menos de un centavo es destinado para la transportación y la prevención de violencia juvenil.

• La Ciudad de Nueva York, donde Eric Garner fue asesinado como resultado de una llave de estrangulamiento por parte de un policía, gasta casi $5,000 millones de dólares en su fuerza policial mientras que enfrenta una crisis de personas sin hogar y de falta de vivienda asequible, así como un sistema de tránsito público decadente.

• Baltimore, donde el 28 por ciento de la población afroamericana vive bajo el nivel de pobreza, gasta $772 dólares por persona en vigilancia policial. Por cada dólar que la ciudad gasta en la policía, contribuye solo 55 centavos a las escuelas públicas de Baltimore.

• El Condado de St. Luis, donde Michael Brown fue tiroteado fatalmente por la policía en Ferguson en el 2014, gasta 26 por ciento de su presupuesto general en la policía en comparación con menos de un por ciento en su Departamento de Planificación, el cual incluye presupuesto para la salud mental, programas de empleo juvenil y desarrollo de la vivienda.

• Oakland dedica 41 por ciento en la policía, la cantidad más alta en la policía de las jurisdicciones analizadas por el reporte. Por cada dólar que gasta en la policía, la ciudad dedica solo ocho centavos en su departamento de Desarrollo de la Vivienda y Comunitario, a pesar de haber una crisis de vivienda que ha desplazado a alrededor del 30 por ciento de su población afroamericana.

La mayoría de las ciudades que analizamos dedican de un 25 a un 40 por ciento de su presupuesto general, el cual es más flexible y discrecional, hacia la policía y la criminalización. Cuando se trata del presupuesto total operativo, algunas ciudades invierten sólo la indecentemente baja suma de un centavo en asuntos como la vivienda asequible, educación o transportación.

Estos presupuestos dejan al descubierto cuales son las prioridades del gobierno. Queda claro que no son el desarrollar las comunidades que necesitan desesperadamente servicios esenciales, recursos y justicia.

Esta tendencia se ha acelerado por los pasados 30 años. Las administraciones gubernamentales a nivel estatal y local han aumentado dramáticamente el presupuesto para la policía, la encarcelación masiva y la criminalización. Por otro lado, han reducido drásticamente inversiones en infraestructura básicas así como reducido programas de ayuda social —los cuales son los recursos que realmente hacen que nuestras comunidades sean seguras: sistema de salud, salud mental, educación, vivienda asequible, acceso al transporte público, empleos y desarrollo juvenil.

Repetidamente, decimos que nuestras comunidades de color necesitan gran cantidad de recursos e inversiones y que nuestras comunidades de bajos ingresos no tienen presupuesto, recursos y están marginadas. Sin embargo, hay una increíble cantidad de recursos hacia las comunidades de color, pero van dirigidas a criminalizarlas.

Como resultado, comunidades y organizaciones a través del país están abogando propuestas concretas para ajustar los presupuestos e inversiones pero solo pueden ser implementadas si los funcionarios electos escuchan las preocupaciones de sus constituyentes. Por cada ciudad en el reporte se incluyeron las voces de las comunidades que están trabajando para redirigir recursos de la policía y la encarcelación hacia las prioridades de la comunidad. Estas se están levantando con gran valentía para luchar por autonomía sobre la seguridad y el bienestar de su propia gente.

Es por esto que estamos haciendo un llamado a los gobiernos locales a que redirijan recursos de la policía y los inviertan en desarrollar, reparar y sanar nuestras comunidades. En vez de expandir estos sistemas punitivos, estos miembros de la comunidad y organizadores de todo el país están luchando por inversiones que ellos saben que realmente generarán empleos, ayudarán a reducir la desigualdad económica, reducirán el crimen y la violencia y mantendrán nuestras comunidades seguras y saludables.

No necesitamos más armas, necesitamos más programas para los jóvenes. No necesitamos más patrullas, necesitamos más transportación pública. No necesitamos más policías, necesitamos más maestros y profesionales de la salud. No necesitamos más cárceles y encarcelación, necesitamos más recursos para la salud mental. No necesitamos más departamentos de la policía, necesitamos vivienda asequible.

En vista de las constantes historias de brutalidad policiaca, violencia por parte del estado y el asesinato de nuestros hermanos y hermanas, es tiempo que comencemos a reimaginar lo que significa la seguridad, cómo se le asigna presupuesto y quién lo define. Los más impactados por el crimen están haciendo un llamado para desarrollar un sistema de seguridad pública manejado por la misma comunidad. Es tiempo que los políticos los escuchen, y tomen acción.

– Jennifer Epps-Addison es la presidenta de la federación y co-directora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular