Senadora Harris promueve ley bipartidista para reformar sistema de fianzas

WASHINGTON.- En Estados Unidos, poco más de 450,000 personas esperan tras las rejas su juicio por no poder pagar una fianza, inflando el hacinamiento carcelario y los gastos del sistema penal, por lo que la senadora demócrata por California, Kamala Harris, promueve una ley bipartidista para reformar el sistema de fianzas.

En entrevista con este diario, Harris explicó que el proyecto de ley bipartidista, el primero de esa envergadura que ella presenta junto con el senador republicano de Kentucky, Rand Paul,  busca resolver dos problemas a la vez: reducir los costos del sistema carcelario, y por ende de los contribuyentes, y aliviar la carga para gente pobre que no puede pagar las altas cifras de fianza.

“Creo que este es un asunto no partidista, y el hecho de tener al senador Rand Paul como copatrocinador creo que lo refleja… esto le afecta a la gente en su estado, en California, le afecta a la gente pobre y la gente trabajadora en todo el país, sin importar su afiliación política. Esto es un asunto de justicia”, enfatizó Harris.

En la actualidad, a nivel nacional, alrededor del 47% de los acusados por delitos graves y que han recibido fianzas permanece en prisión a la espera de su juicio porque no tienen con qué pagarlas.  En algunos casos, las fianzas pueden superar los $20,000 incluso por delitos menores, como el robo de productos con un valor de $100.

Además, las personas que aguardan juicio para la resolución de sus casos conformaron el 95% del crecimiento de la población penal entre 2000 y 2014, lo que supone una gran carga para el fisco, tomando en cuenta que mantenerlas en prisión cuesta un promedio diario de $38 millones, o $14,000 millones al año.

Según Harris, la iniciativa, titulada “Acta para la Integridad y Seguridad de las Etapas Previas al Juicio”, propone reformar el sistema, de tal manera que las autoridades impongan fianzas con base al riesgo que suponen los acusados para la seguridad comunitaria, y no la cantidad de dinero que puedan pagar.

“Esto afecta a la gente tanto en los Apalaches como en los suburbios, y es necesario apartar la politiquería y abordar un asunto que es de justicia económica… hay un sinnúmero de personas en las cárceles a diario en este país,  incluso ahora mismo, no por el crimen que cometieron o el riesgo que suponen sino porque simplemente no tienen con qué salir bajo fianza”, dijo Harris, exfiscal general de California.

A lo largo de su carrera, Harris ha sido testigo de las injusticias del sistema judicial y ahora que es senadora tiene la oportunidad de corregirlas.

A través de alicientes fiscales, la medida destina $10 millones para alentar a los estados a que reduzcan o eliminen su dependencia en el cobro de fianzas y adopten medidas para evaluar el riesgo de cada detenido y así determinar quién debe quedar en prisión a la espera de su juicio.

Kentucky y Nueva Jersey ya han comenzado a hacer evaluaciones de riesgo que toman en cuenta factores como el historial criminal o abuso de drogas del individuo.

Bajo la iniciativa, los estados que reciban fondos federales para adoptar reformas en sus sistemas de fianza deberán presentar informes sobre sus avances, además de que las autoridades locales y estatales deben recopilar información sobre el trato que reciben los acusados antes de su juicio.

Se supone que el sistema judicial en EEUU trata a todos con igualdad, pero las leyes actuales parecen castigar con más dureza a los pobres: se calcula que, en promedio, los afroamericanos y los latinos pagan fianzas que son un 35% y un 19% más altas que sus pares blancos.

Harris aseguró que la iniciativa, que aún no tiene fecha de audiencias o votos, es tan solo un componente de las reformas que requiere el sistema judicial en EEUU y que, según activistas, está plagado de desigualdades raciales.

El patrocinio bipartidista de un proyecto de ley es de por sí un logro ante el clima hostil en los pasillos del Congreso, pero Harris expresó optimismo de que la iniciativa podrá lograr apoyo de más senadores de ambos partidos.

Christiana Fialho, abogada y codirectora ejecutiva de “Community Initiatives for Visiting Immigrants”  (CIVIC), dijo a este diario que la medida de Harris es “un buen paso en la dirección correcta”.

“Tanto en el sistema de inmigración como en el sistema criminal, a mucha gente se le niega la libertad porque son demasiado pobres para pagar la fianza. Hemos visto casos de inmigrantes que reciben una fianza por hasta $250,000, y hemos trabajado con personas detenidas durante años con fianzas de $10,000 que no pueden pagar”, precisó Fialho.

La iniciativa ya tiene el respaldo de un creciente número de organizaciones cívicas en todo el país, incluyendo NALEO y MALDEF.