MALDEF: “el fallo contra Arpaio es un aviso para todos los policías que se dediquen a detener indocumentados”
Thomas Saenz, presidente de la organización y líder de derechos civiles señala que los agentes policiales de Texas u otros estados que decidan "detener indocumentados" a diestra y siniestra, se enfrentarán a demandas y problemas legales.
El reino de terror del Sheriff Joe Arpaio, cuyas patrullas de tráfico paraban durante años a cualquiera que “pareciera” inmigrante, sin sospecha alguna de delito, terminó siendo juzgado con estas palabras de la jueza federal Susan Bolton:
“ El acusado no sólo renunció a su responsabilidad, sino que anunció al mundo y a sus subordinados que iba a continuar actuando como siempre, sin importar quién dijera lo contrario. La evidencia muestra un flagrante desprecio por la orden del juez Snow…. .el acusado es culpable de desacato criminal”.
Y así, el ex Sheriff Joe Arpaio, auto calificado como el “Sheriff más duro de América”, se convirtió en un delincuente convicto, tras violar durante casi dos años una orden judicial que le prohibía esas actividades.
El 5 de octubre, Arpaio recibirá su condena, que podría llevarlo a la cárcel durante 6 meses y obligarle a pagar una multa.
Thomas Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal (MALDEF), cree que esa orden judicial dictada esta semana por la magistrada Bolton, debería ser “lectura obligada para cada oficial de policía en Texas y en cualquier otra parte, donde se les obligue aplicar la ley de inmigración”.
La advertencia de Saenz suena como una amenaza directa, contra las agencias locales de la ley que decidan asumir tareas de control migratorio, usualmente limitadas a agentes federales.
“Arpaio hacía que sus agentes detuvieran por la calle a personas que ellos suponían, podían ser indocumentados, sin que mediara otro tipo de sospecha o causa justa para tal detención”, dijo Saenz. “Cuando un juez federal le ordenó dejar de hacerlo, él lo ignoró”.
¿Cómo se compara esto con lo que puede pasar o que pasa en Texas, una vez que entre en vigencia una ley estatal que esencialmente obliga a los policías a hacer ese trabajo?, preguntamos a Saenz.
La ley SB4 entra en vigencia el próximo 1 de septiembre, y amenaza con multas y castigos a los policías que no actúen como agentes migratorios, pero MALDEF ha presentado una demanda federal pidiendo que se detenga su implementación.
“Si es que esa ley entra en vigor”, dijo Saenz. “Esperamos que los líderes policiales allí, o en cualquier otra parte del país, reconozcan el riesgo a la responsabilidad legal que pueden tener si se dedican a detener a personas por la única sospecha de que podrían ser indocumentados”.
La demanda original contra Arpaio alegó que sus oficiales utilizaban el perfil racial para detener a personas que consideraban posibles indocumentados, al no tener otras razones para detenerlos.
Arpaio también perdió esa demanda. En 2009 el gobierno de Obama canceló el contrato 287g con su departamento y en 2011, el juez federal Murray Snow le ordenó cesar con esas actividades de detención “sin sospecha razonable de que se haya cometido un delito”.
Sin embargo, tal y como la jueza Bolton lo explica en su decisión de esta semana, Arpaio en repetidas ocasiones dijo públicamente, a los medios y a cualquier que quisiera oírle, qué el seguiría haciendo los arrestos y las paradas de tráfico, y deteniendo a indocumentados.
Saenz dijo que los abogados de Arpaio no podían presentar un buen caso. “Era claro que estaba desafiando las órdenes, engañando a sus asesores y actuando en forma arrogante”, señaló.
Las cortes federales han fallado una y otra vez en torno a la responsabilidad del gobierno federal sobre las violaciones de leyes migratorias, explicó el abogado. “Pero él tenía la loca teoría de que estaba deteniendo a personas criminales porque se auto traficaban al entrar al país. La realidad es que un sheriff no puede arrestar a una persona a menos que tenga razones para pensar que han cometido un delito. Es inconstitucional”.
El juez que está considerando la demanda contra la SB 4 probablemente dará alguna señal al respecto en las próximas dos semanas, calculó el abogado.
La demanda contra Texas también pone al sistema judicial en jaque contra las órdenes y políticas del gobierno de Donald Trump y del Departamento de Justicia, cuya presión económica contra las presuntas “ciudades santuarios” pretenden obligar a que los agentes de policía locales persigan a los indocumentados.
