Administración sopesa reglamento para que empresas “distribuyan” propinas de sus empleados

Expertos y activistas advierten de que reglamento producirá bajas salariales y "robo salarial"

Dispuesta a borrar toda huella de la era de Obama, la Administración Trump sopesa eliminar un reglamento laboral de 2011 que perjudicaría a empleados de hoteles, bares y restaurantes que ganan salario mínimo y lo suplementan con propinas.

El reglamento, publicado el lunes pasado en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”) permitiría que las empresas puedan tomar las propinas de sus empleados y “repartirlas” entre los que no reciben ese tipo de compensación por su trabajo.

El cambio, con el que se borraría una regulación de la Administración Obama, afectará a empleados en 281,928 negocios en todo el país, incluyendo meseros y porteros que reciben propinas, y ha desatado airadas protestas de grupos defensores de los trabajadores.

El Departamento del Trabajo sólo ha dado un plazo de 30 días, hasta el próximo 4 de enero, para recibir comentarios del público –normalmente las agencias federales establecen dos meses- tras lo cual tomará una decisión definitiva sobre el reglamento.

De ser aprobado, el reglamento sólo aplicaría a empleadores que pagan en dinero al contado al menos el salario mínimo y no usan las propinas de los empleados como “crédito parcial” de su sueldo.

Según datos del Censo, el 61% de los camareros y el 57% de los meseros recibieron propinas o comisiones en 2016.

En la actualidad, toda propina recibida en dinero al contado pertenece al empleado que la recibe, y es ilegal que los empleadores, como hoteles, restaurantes, cafeterías y bares, se las quiten. Pero el cambio que estudia la Administración lo permitiría si éstos ganan al menos el salario mínimo federal, ubicado en $7,25 la hora.

El Departamento del Trabajo argumentó que la práctica de “compartir propinas” –conocida en inglés como “tip pooling” o “tip sharing”— favorece a los empleados que normalmente no las reciben porque no tienen contacto directo con el público, como cocineros o lavaplatos, y ayuda a disminuir las desigualdades salariales.

Las grandes corporaciones y la Asociación Nacional de Restaurantes, que llevan años presionando por un cambio, aplaudieron la decisión de la Administración Trump.

De hecho, varios grupos,  incluyendo esa asociación,  la Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Oregon (ORLA),  la Asociación de Restaurantes de Washington entablaron una demanda en junio de 2011 contra la Administración Obama, argumentando que el reglamento implementado un mes antes era nocivo para la supervivencia económica de la industria. El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre la demanda.

¿Paladín de los trabajadores?

Con fuerte mensaje populista, el presidente Donald Trump hizo campaña en 2016 con promesas de defender los intereses de los trabajadores pero, desde que tomó posesión en enero pasado, ha tomado medidas que violentan sus derechos o ponen en riesgo sus beneficios, según activistas consultados por este diario.

El resultado de ese nuevo reglamento, una vez puesto en marcha, es que los empleados se irán a casa con menos sueldo en su bolsillo, mientras las empresas engrosarán sus ganancias, agregaron.

“Este reglamento es algo que han querido los restaurantes desde siempre, retener las propinas de los empleados, en vez de pagar un sueldo justo a todos por igual, y han encontrado en la Administración Trump un firme aliado”, se quejó Heidi Shierholz, economista y directora de políticas del Instituto de Política Económica (EPI, en inglés).

Shierholz, quien fue principal economista en el Departamento del Trabajo entre 2014 y 2017, durante la presidencia de Barack Obama, afirmó que la agencia “está propagando una gran mentira, porque quiere hacer creer al mundo que sólo se trata de distribuir las propinas”, por el bien de los trabajadores.

“A nosotros nos preocupa que con este reglamento, los empleadores utilicen la excusa de la disparidad salarial, pero en realidad se metan al bolsillo las propinas de sus trabajadores… ¿Por qué no les aumentan el salario a los que no reciben propinas?”, enfatizó.

Shierholz también señaló que 30 días de comentarios es “insuficiente”, tomando en cuenta que vienen los días festivos y muchos trabajadores “ni se han enterado de estos planes”.

En el pasado, EPI ha hecho análisis que señalan que el “robo de salario”  -es decir, no pagar al empleado lo que merece- excede los $15,000 millones al año, y termina perjudicando a quienes más necesitan un salario digno.

A falta de un análisis sobre el impacto económico de la medida, EPI está haciendo su propio estudio sobre el alcance de la “transferencia” de propinas de los empleados a sus empresas.

Por su parte, Christine Owens, directora ejecutiva del Proyecto Nacional para Leyes Laborales (NELP), coincidió con Shierholz en que, para retener a buenos empleados que no reciben propinas, lo que corresponde es que las empresas mejoren sus sueldos, no que el gobierno haga trampas para que las compañías roben propinas para “subsidiar” su modelo de negocios de bajos salarios.

Como el reglamento no fue sometido al debido análisis económico que exige la ley,  las expertas no descartan que haya una posible demanda en los tribunales.

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