El trabajo de deshacer lo hecho

La desregulación que prometió el presidente ha llegado rápidamente a los empleados
El trabajo de deshacer lo hecho
Alexander Acosta, secretario de Trabajo, es el único miembro latino del gabinete de Donald Trump. /Archivo

El 2017 fue un año de mucho ruido desde Washington, tanto que muchas de las decisiones relevantes que se han tomado, o dejado de tomar, han pasado casi por debajo el radar a pesar del impacto que tienen en el mundo laboral.

Desde el departamento de Trabajo o el National Labor Relations Board (NLRB) se ha ido poco a poco eliminando muchas de regulaciones, proyectos de ellas y órdenes ejecutivas del Gobierno de Barack Obama referentes a seguridad jurídica laboral, igualdad de salarios, seguridad física en el trabajo y compensaciones.

Desde la EPI, el Instituto de Política Económica, que está haciendo seguimiento de todo ello, se considera que “todas estas acciones de forma conjunta recortan salarios y protecciones para los trabajadores”.

Estos días el departamento de Trabajo está considerando, y por la vía más rápida posible, permitir que el empleador se haga cargo de las propinas y las distribuya como tenga a bien en restaurantes, lavaderos de carros u otros empleos en el que se pague de esta manera a los empleados. Es una receta que en el pasado ha dado lugar a muchos más casos de robos de salarios de los que ya hay (unos $2,000 millones al año).

Además, esta normativa elimina la posibilidad de que los trabajadores que no cobran propinas, al recibir estas, si el empleador lo quiere, tengan menos argumentos para pedir una mejora salarial que no dependa del favor de los clientes.

Esta es solo la última de las regulaciones que se quiere cambiar o eliminar. En este año inaugural de la legislatura de Donald Trump se enterró el proyecto de ley fiduciaria que obligaba a quienes diseñaran los planes de inversión de cuentas de jubilación (401k e IRA) lo hicieran teniendo en cuenta el interés del ahorrador o cliente y no el de la firma para la que trabajan.

La Administración también ha cortado definitivamente el avance de una actualización de 2016 que habría permitido ampliar la protección de las horas extra, con una mayor compensación, a millones de trabajadores. Esta legislación que cubre el trabajo de más de 40 horas semanales de empleados de ingresos bajos y medios. El umbral de $23,660 anuales que permite el cobro de las horas extra no se ha ajustado a la inflación en años y ahora este es un salario que queda por debajo de la línea de la pobreza.

En 2016 el Gobierno de Obama elevó ese umbral hasta $47,476 anuales, algo que beneficiaría a 4.2 millones de padres, muchos de ellos en la pobreza y I7.3 millones de niños, según cifras de EPI.

La decisión de la Administración anterior fue llevada a los tribunales y el actual Gobierno pasó de no defenderla a eliminarla.

También se ha revocado, con al firma del presidente, una ley que prohibía que el Gobierno Federal cerrara contratos, pagados con dinero de los contribuyentes, con empresas que tienen historial de violaciones de derechos laborales.

Trump acabó la la ley de “Pago justo y lugares de trabajos seguro” que estaba en marcha desde julio de 2014 y que consideraba que las empresas que siguieran la letra de la ley laboral en materia salarial y de seguridad en el trabajo participaban en subastas y concursos de méritos estaban en desigualdad de condiciones con respecto a las que no lo hacían y no se podía premiar con un contrato. Como tantas otras leyes prolaborales fue llevada a los tribunales hasta que la mayoría republicana en el Congreso ha acabado con ella. El presidente no dudó en firmar su final.

El pasado agosto, empezó a desmontar las normas que tenían como misión el fortalecimiento de la igualdad salarial. La Administración Obama requería a empresas de más de 100 empleados informar de los salarios que abonan según género raza y etnia. La idea era prevenir y corregir discriminaciones que afectan desproporcionadamente a mujeres y minorías.

Recientemente el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) ha eliminado la definición de “empleador conjunto”. Esta polémica calificación  tenía el potencial de convertir a una empresa y potencialmente a una franquicia responsable por las violaciones laborales de un subcontratista o un franquiciado. Además los trabajadores podrían unirse en un sindicato y optar a un contrato conjunto.

Adicionalmente, el proyecto del presupuesto del presidente reduce el presupuesto del departamento de Trabajo, una de las puertas a las que tradicionalmente han llamado los trabajadores para encontrar protecciones de seguridad, seguridad salarial y ayuda a la formación.