Editorial: La reforma del sistema penal

Hay que aprobar cambios integrales para ayudar a la reinserción de personas de las comunidades más vulnerables

La reforma presidiaria que se estudia en Washington ignora que la manera lógica es comenzar por el principio en vez del final. La reducción de la población que está detrás de las rejas se inicia por el cambio en la forma que se fija el castigo a un delito.

Uno de los motivos importantes por el cual hoy Estados Unidos es la nación con el mayor porcentaje de su población encarcelada se debe a las condenas obligatorias que se establecieron hace décadas.

En los ochentas, por ejemplo, se crearon leyes de mano dura que quitaron la libertad de decisión a los jueces. Muchas de ellas perjudicaron especialmente a las minorías, como la que imponía un castigo mucho mayor al consumo de crack -prevalente entre los afroamericanos que al de cocaína en polvo aunque ambos fueran la misma droga.

Se estima que hoy hay 2.3 millones de estadounidenses presos. La idea de rehabilitación fue reemplazada por un almacenamiento humano en donde la gente sale peor de lo que entra. El alto grado de reincidencia habla de la incapacidad del sistema de preparar la reincorporación del individuo a la sociedad.

El presidente Donald Trump favorece una reforma presidiaria. Hay una medida que ya pasó la Cámara de Representantes que tiene tanto aspectos positivos como problemáticos.

Da fondos para rehabilitación, humaniza algunas condiciones y establece un sistema de créditos acumulados que reduce condenas. Empero la insuficiencia de fondos impide cumplir las buenas metas y el sistema de reducción de condena tal como está presentado deja en desventaja a los presos de minorías. Los inmigrantes y los presos detenidos por drogas quedan excluidos de la reducción de condena.

Es necesario modificar el sistema de condenas para eliminar la obligatoriedad de las sentencias, hacerlas más adecuada al delito. Ya hay un proyecto que puede ser aprobado en el Senado. La objeción proviene del secretario de Justicia, Jeff Sessions, que considera que la manera principal de combatir la delincuencia es el castigo ejemplar.

La otra oposición es de una industria creada alrededor del encierro humano. El sistema penal es un gran negocio que se aprovecha de un cliente literalmente cautivo.

Hay un sector privado de prisiones que recibe dinero federal, proveedores que ofrecen productos y servicios a precios exorbitantes a detenidos y familiares, y autoridades locales que a veces cobran comisiones sobre las ventas a los presos. Se calcula que los llamados telefónicos desde cárceles y prisiones suman hasta 1,000 millones de dólares.

La reforma imperiosa es la del sistema de justicia criminal. No se puede solucionar el problema del exceso presidiario, corrigiendo la consecuencia sin tocar su causa.

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