Austeridad, austeridad y austeridad

Se calcula que tras el huracán María 135,000 personas se han trasladado de Puerto Rico a vivir a Florida, Massachusetts, Nueva York, Connecticut, Pensilvania y Nueva Jersey. Y no serán los únicos. El Centro de Estudios Puertorriqueños hizo un informe el pasado mes de marzo en el que estimaba que la isla podría perder hasta 2019 algo más de 470,000 habitantes. “Es decir, podría perder en dos años tras el huracán la misma cantidad de población que durante la previa década de estancamiento (económico)”.

Dejar la isla es la salida cuando el panorama dentro de ella no es prometedor.

Hasta 250,000 viviendas sufrieron graves daños y 70,000 de ellas han sido completamente destrozadas, y 1.1 millones de hogares ha solicitado ayuda contra el desastre a FEMA. Adicionalmente, los cortes de luz se mantienen. “Yabuoca vive en la resignación y la oscuridad”, rezaba un titular reciente de El Nuevo Día para señalar que el 60% de las comunidades de esta zona carecen de energía y les sobra desesperación y depresión.

Los estragos del huracán han dejado una huella que no se borrará en décadas sobre una tierra ya herida por una recesión de 11 años que llevó a Puerto Rico a la bancarrota con deudas de casi $72,000 millones a los bonistas y $50,000 millones en obligaciones para los pensionistas. La receta que se está manejando para la bancarrota sobre lo dejado en pie por María es austeridad, austeridad y más austeridad.

Lo que diariamente se negocia es hasta qué punto se puede seguir apretando el cinturón a una población que ya no tiene apenas margen para respirar.

La ayuda para levantar las ruinas dejadas por María se hace sobre las ruinas de una economía que a partir de 1996, con la retirada de los beneficios fiscales a la inversión manufacturera, recurrió a la continuada emisión de bonos (deuda) para financiar gastos corrientes. Unas emisiones muy atractivas para los bancos y firmas de inversión que se llevaban buenas comisiones de unos bonos libres de impuestos cuyo atractivo les hacía estar en casi todas las carteras de los planes de pensiones del país. Pero de deuda solo no se vive y en 2006 empezó la crisis.

La deuda para pagar deuda quiebra y eso es lo que ocurrió en una isla con una complicada relación política con el continente y atrapada por una antigua y proteccionista ley de cabotaje (Jones Act que obliga que el comercio se haga con barcos de bandera estadounidense) que encarece todas las importaciones

¿Posibilitar el despido libre como una de las grandes reformas del mercado laboral?¿Mantener o no el tradicional bono de Navidad que supone un alivio a los empobrecidos hogares?¿La reducción de los días de enfermedad y vacaciones?¿Las pensiones de los funcionarios públicos?. Sobre estas cuestiones han girado las negociaciones mantenidas entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la legislatura y el gobernador Ricardo Rosselló antes de que se apruebe el presupuesto a finales de junio.

La JSF dice que se están negociando condiciones de trabajo que quienes emigran no tienen en mainland y aún así emigran. El objetivo es que aumente la población activa (quienes trabajan y buscan empleo activamente) que es de apenas el 40% y aún así el desemplo es de casi el 10%. Se calcula que el 25% de los puertorriqueños trabajan en la economía informal e incorporar más empleo es clave para reactivar la economía. Pero ¿Con qué inversión?¿Con qué infraestructura cuando ni siquiera se prende la luz en todo el territorio?

Por otro lado se quiere avanzar en las privatizaciones, tanto en educación como en servicios esenciales como la electricidad. Hedge Clippers, que hacen el seguimiento de los inversionistas reflejaban en su último informe que Citigroup está asesorando a la JSF en la privatización de la autoridad de la electricidad, PREPA, después de haber suscrito miles de millones en deuda de esta. “Es decir, beneficiándose de un proceso de reestructuración de una crisis que ayudó a crear y de la que ya se benefició”.

La directora ejecutiva del la JSF de Puerto Rico, Natalie Jaresko, dijo hace unas semanas que habrá un pequeño superávit en los próximos 30 años pero que no todo el dinero va a ir a los acreedores que buscan recuperar parte de sus inversiones en la isla. Ahora estos acreedores (viejos y nuevos que han especulado con lo que Puerto Rico debe) están demandando más austeridad. Recientemente una aseguradora de bonos ha demandado para anular el plan fiscal que Jaresko cree que de no aplicarse condenará a Puerto Rico a la pobreza.