Piden a indocumentados denunciar a patronos que los intimiden con su estatus

Desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, las amenazas de patronos contra empleados indocumentados relacionadas con Inmigración, han aumentado en Nueva York. Y al mismo tiempo ha aumentado el miedo de denunciar, por lo que autoridades estatales tienen como prioridad que las víctimas de actos de retaliación, discriminación y amenazas, reporten los abusos.

Así lo asegura James Rogers, vicecomisionado de Protección Laboral del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, quien advirtió que aunque en los últimos tres años ha habido unas 30 denuncias por estatus migratorio, la cifra está lejos de reflejar lo que a diario viven muchos empleados en sus sitios de trabajo.

“Es rampante y ahora mismo muchos trabajadores están recibiendo amenazas de sus patronos relacionadas con Inmigración y tenemos solo unas pocas denuncias, cuando comparamos las cifras con el problema real, y la razón es porque la gente sin papeles está aterrorizada de denunciar, especialmente después de las últimas elecciones presidenciales”, afirmó el funcionario, quien advirtió que el Estado de Nueva York le ha declarado una guerra sin cuartel a comportamientos ilegales de los empleadores.

Los patronos que intimiden por estatus migratorios se exponen a pagar hasta $10,000 en multas por la primera ofensa, dinero que va al Departamento de Trabajo, y hasta $20,000 en daños liquidados, que son entregados directamente al empleado.

“En el estado de Nueva York se protege a todos por igual. No preguntamos estatus y peleamos por los trabajadores, sin importar su documentación”, dijo Rogers. “Entendemos que la gente tenga miedo, pero queremos que denuncien las amenazas, porque eso es retaliación y queremos que lo hagan para poder ayudarlos y que sepan que están en un lugar seguro y vamos a pelear mucho para que tengan justicia”.

El inmigrante Manuel A es uno de esos empleados que asegura haber vivido en carne propia amenazas y actos de retaliación por haber reclamado sus derechos en el restaurante italiano de la Segunda avenida con calle 26, donde trabaja como cocinero. Allí, durante tres años, sus patronos le pagaban solo $535 dólares por más de 50 horas semanales y tras reclamar, sus jefes se molestaron y pusieron en práctica una táctica que se ha vuelto muy común para sacar gente.

Al ecuatoriano de 47 años y a sus compañeros les entregaron la Forma I-9 de “verificación de elegibilidad de trabajo” para que la llenaran, algo que sus jefes no hicieron cuando empezaron a trabajar. El Estado considera esta práctica “ilegal” y la persigue como una evidente prueba de represalia.

“El mes pasado nos entregaron ese papel y nos dijeron que si no lo llenábamos para verificar los documentos no nos iban a pagar el cheque que nos debían. El manager llegó a querer obligar a todos”, contó el padre de familia, quien agregó que en el último año y medio ha sentido un ambiente más hostil contra los latinos que trabajan allí.

“Desde que Trump es presidente he sentido que hay más discriminación. Ellos son italianos y muchas veces nos está humillando. Nos dicen: ‘Lárgate porque tu aquí no tienes derechos’, ‘Trump es mi amigo; Trump es mi padrino y va a venir por ustedes para sacarlos’ y los encargados solo se ríen y no hacen nada. A nosotros los hispanos nos están empezando a ver como que no valemos nada”, agregó el cocinero, quien trabaja con sus abogados para interponer una demanda.

“Yo no sé si me van a sacar, pero yo aprendí que el miedo es para los que nos quedamos callados. La ignorancia esclaviza pero el saber nos da el poder”, enfatizó el ecuatoriano.

Amenazan con ‘La Migra’

Cristobal Gutiérrez, del proyecto de Justicia Laboral de la organización Make the Road NY, aseguró también que en la era Trump han aumentado las amenazas de empleadores con llamar a ‘La Migra’, pero advirtió que hasta el momento no conocen ningún caso donde hayan cumplido con eso.

“Hemos visto un incremento en las tácticas de intimidación de los empleadores utilizando el estatus de los trabajadores para, o bien pagarle menos o como represalia para hacer no valer sus derechos especialmente motivados por el discurso anti-inmigrante de la Administración Trump, pero no hemos visto que los empleadores lleven a cabo esa amenaza o que Inmigración haga caso”, dijo el abogado, advirtiendo que los patronos saben que también pueden meterse en problemas y por ello se quedan en la simple amenaza.

“Ellos saben que emplear a personas que no están autorizadas los expone a sanciones por no hacer la verificación cuando debían hacerla y por eso le decimos a los empleados que denuncien los abusos porque el riesgo de que los empleadores llamen a ‘La Migra’ si bien puede no ser cero, es muy bajo”, agrega el defensor, explicando que en su organización cada año reciben unos 400 casos de actividades ilegales contra trabajadores.

Rebecca Nathanson, directora de la Unidad Anti-Retaliación del Departamento de Trabajo estatal, explicó además que los patronos que incurren en amenazas a sus empleados por su estatus migratorio, son perseguidos con elevadas multas y penalidades que pueden ser del orden de hasta $30,000.

“Desde el inicio de la Unidad Anti-retaliación, hemos impuesto más de $250,000 en multas y daños a los empleadores por casos relacionados con amenazas relacionadas con inmigración y pedimos a los trabajadores que llamen al (518) 457-9000 o al (888-469-7365) para denunciar”, dijo la defensora, agregando que esos casos son tomados como prioridad, y sobre tácticas como la re-verificación de documentos, se realizan acciones inmediatas.

“Requerir el formulario I-9 de verificación de empleo después de que el empleado ha estado trabajando, es una manera de castigarlo e intimidarlo, y es ilegal y cualquier comentario motivado por origen nacional o estatus es discriminación basado en la ley”, advirtió la funcionaria.

Hacen justicia con la ley

Seth Hoy, vocero de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que es evidente el aumento de actos de discriminación contra trabajadores y que actualmente investigan 150 reportes, pero advirtió que en el caso concreto de la Gran Manzana, la Ley de Derechos Humanos sirve fuertemente para hacer justicia para las víctimas y responsabilizar a los infractores.

“Creemos que la retórica y las políticas antiinmigrantes y xenófobas a nivel nacional han jugado un papel en el reciente aumento de la discriminación y el acoso contra las comunidades de inmigrantes (…) pero el clima político negativo en el nivel federal no le da a nadie permiso para discriminar a los inmigrantes que viven y trabajan en la ciudad de Nueva York”, dijo el funcionario, quien pidió a quienes sufran amenazas o discriminación por su estatus en puestos de trabajo, denunciar al 718-722-3131.

Asimismo, la fiscal general del estado Bárbara Underwood, advirtió que las leyes del Estado de Nueva York protegen a todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio y que su oficina continuará aplicándolas fuertemente.

“No pagarle a los trabajadores sus salarios duramente ganados o defraudarlos de otros beneficios, es ilegal, perjudica a las familias y crea una ventaja injusta para los empleadores que no cumplen con las leyes”, dijo la Fiscal. “Esta oficina ha recuperado casi $30 millones en salarios robados para más de 21,000 trabajadores. Los empleados inmigrantes deben saber que tienen derecho a recibir una compensación justa por su trabajo y deben reportar de inmediato cualquier tipo de represalia a mi oficina”.

Amenazas y retaliación a trabajadores indocumentados:

• 816 casos ha abierto entre octubre de 2015 y agosto de 2018, la Unidad Anti-Retaliacion.
• 30 casos están directamente relacionados con amenazas por estatus migratorio.
• 150 denuncias de discriminación por estatus migratorio en sitios de trabajo, investiga la Ciudad.
• $2.5 millones en penalidades ha impuesto el Estado a empleadores que han cometido actos de retaliación.
• $1.3 millones han sido las penalidades específicas por estatus migratorio.
• Hasta $10,000 impone en multas el Departamento de Trabajo por la primera ofensa para esa agencia y hasta $20,000 en daños liquidados que son entregados al empleado.
• Entre $10,000 a $20,000 son los daños impuestos por amenazas de inmigración y entre $5,000 a $10,000.
• $35 millones fueron recuperados en salarios robados por el Estado en 2017.

Dónde denunciar

• Pueden llamar al (518) 457-9000 o al (888)-469-7365 al Departamento de Trabajo del Estado.
• Puedes llamar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad al (718)-722-3131.