Ratifican cierre de Rikers, pero descartan plan de construir gran cárcel en el Bajo Manhattan

El plan había sido fuertemente criticado por la comunidad

Maqueta de la alcaldía para la cárcel en 80 Centre St
Maqueta de la alcaldía para la cárcel en 80 Centre St
Foto: NYC Mayor’s Office

El plan del alcalde Bill de Blasio de cerrar la cuestionada cárcel de la isla Rikers en un plazo de una década y reemplazarla con cuatro penales más pequeños en toda la ciudad sigue en pie, pero ya no comtempla la construcción de una prisión en el sitio originalmente escogido en el Bajo Manhattan.

El edficio 80 Center St, actualmente utilizado por la oficina de licencias matrimoniales de la ciudad y otros despachos gubernamentales, ya no se considerará un lugar para construir una cárcel, porque habría más problemas logísticos de lo que originalmente se previó, según la portavoz Natalie Grybauskas.

“Cuando nos reunimos con la comunidad, quedó claro que el sitio original que consideramos atendía mejor sus necesidades sin los costosos desafíos creados por el uso de 80 Center St, y estamos revertiendo nuestra selección para el Complejo de Detención de Manhattan”, dijo en un comunicado ayer.

En febrero, de Blasio anunció un plan de 10 años para cerrar la isla Rikers y abrir nuevos centros de detención en Brooklyn, Manhattan, El Bronx y Queens.

La ubicación en El Bronx se construiría desde cero en el sitio que actualmente se utiliza como depósito de remolque de la policía de Nueva York, mientras que los tres penales restantes se eligieron debido a su proximidad a los tribunales penales, destacó amNY.

En Manhattan, el anuncio fue cuestionado por miembros de la comunidad y funcionarios electos de toda la ciudad, incluyendo el presidente del condado, Gale Brewer, y la concejal Margaret Chin, quienes representan el área donde se planeó el centro de detención.

Chin dijo que espera que la ciudad sea más transparente en el futuro.

La oficina del alcalde aseguró que los cambios no afectarán el plazo para el cierre de Rikers, y que extendería el período de participación de la comunidad durante la revisión por tres a cuatro meses adicionales en cada condado.