Editorial: Trabas al asilo

La administración Trump no entiende el principio internacional en que se basa el asilo. Para la Casa Blanca todo cae en la misma bolsa de reducir la entrada de extranjeros sin importar en absoluto sus circunstancias. Así es como actúa.

La orden reciente del presidente Donald Trump cambiando el proceso para obtener el asilo es un ejemplo de esta incomprensión. La medida que toma 90 días, para comenzar impone un precio que debe pagar el solicitante para el trámite del asilo y para obtener el primer permiso de trabajo, le prohíbe trabajar a quienes pidan asilo entrando ilegalmente y establece un plazo de 180 días para que se resuelva el caso en los tribunales de inmigración.

Las solicitudes de asilo aumentaron considerablemente en los últimos años. Siempre hubo una diferencia entre la cantidad de peticiones y las aprobadas. A medida que las condiciones de vida en el Triángulo del Norte centroamericano se fueron deteriorando, fueron creciendo la solicitudes de asilo, como así también las rechazadas.

La solicitud de asilo es un proceso migratorio regular guiado por tratados internacionales. Hay normas a seguir, pero la Casa Blanca lejos de hacer cambios para acomodar las solicitudes, las quiere evitar a toda costa.

Como resultado, su política está yendo a los tumbos con los tribunales que frenan los experimentos de la Administración. Así se congeló la intención de excluir la violencia doméstica y de las pandillas cuando se enmarca en la incapacidad del Estado de proteger al individuo. De la misma manera, los jueces defendieron el derecho a una apelación ante un magistrado federal frente a la gran cantidad de rechazos a partir del gobierno.

El asilo internacional es un derecho humano. No es correcto que el otorgamiento del mismo esté basado en la capacidad de pago del solicitante -como lo quiere hacer Trump- en vez de la consideración exclusiva si su reclamo de persecución tiene méritos. Luego se le impone otro costo para conseguir el permiso de trabajo. Estos son obstáculos para quien llega buscando ayuda con desesperación, sin recursos y temiendo por su vida.

La propuesta de acelerar los tiempos no es mala, si se tiene en cuenta el atraso gigantesco que hay en los tribunales de migración. La cuestión es si se hace respetando el proceso o si el propósito es rechazar la mayor cantidad posible de gente. En el primer caso se coloca en primera fila a los especialistas de asilo; en el segundo se aprieta el acelerador sin ayuda adicional. El cambio propuesto es no dar tiempo, para hacer fracasar al solicitante de asilo que no habla inglés ni cuenta con una asesoría legal.

No sería raro que la nueva orden de Trump, especialmente la de cobrar un cargo, sea rechazada por los tribunales. Ojala sea así. No obstante, la Casa Blanca seguirá maquinando cómo destruir, en vez de construir, el proceso de asilo político.