Juez prohíbe pagar $1 dólar diario a inmigrantes detenidos por ICE
GEO Group hace trabajar a extranjeros y les paga un salario casi nulo
GEO Group administra varias cárceles privadas para inmigrantes. Crédito: John Moore | Getty Images
Un juez federal emitió una orden para que la empresa privada que gestiona el Centro de Detención de Noroeste (NWDC, en inglés), contratada por Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pague a los inmigrantes detenidos el salario mínimo del estado en lugar de un dólar al día por su trabajo en el centro.
El juez Robert Bryan desestimó así a la administradora de centros de detención de indocumentados GEO Group, que intentó bloquear una demanda presentada en 2017 por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, en la que se solicitaba el pago del salario mínimo del estado, de $12 dólares por hora.
“La decisión de hoy nos acerca un paso más para garantizar que GEO cumpla con las leyes estatales y no se aproveche de los trabajadores de Washington”, dijo un portavoz de Ferguson.
La orden abre además el camino para que el estado obligue a GEO Group a compensar a los inmigrantes detenidos en el centro de Tacoma con los beneficios obtenidos desde que comenzó en 2005 su gestión de este centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
El centro de detención cuenta con 1,575 camas y GEO ha pagado a los inmigrantes que hacen estos trabajos voluntarios un dólar diario desde 2014, según la oficina del fiscal.
Los detenidos realizan labores de limpieza o trabajan en la cocina del centro y ha podido suponer un ahorro de millones de dólares para Geo Group durante estos años.
La empresa atacó a Ferguson por presentar la demanda, alegando que lo hizo “con fines políticos” y “de mala fe”, y que “el estado emplea a reclusos de prisiones estatales pagándoles por debajo del salario mínimo”, dijo la firma en un comunicado.
En una sentencia anterior, el mismo juez dictaminó que GEO además de haber fallado en aplicar la ley del salario mínimo del estado no aplicó la ley federal que prohíbe emplear personas que acceden al país ilegalmente, sanción que concierne al estado federal más que al estado.
El juicio está programado para el 23 de septiembre.
