Familia quiere juzgar a agente de la US Border Patrol en México

Familia de jóven muerto en la frontera quiere juzgar a agente de la Patrulla Fronteriza, pero en México

Por Gardenia Mendoza

16 Jul 2019, 16:56 PM EDT

MEXICO – La familia enterró a José Antonio Elena. El muchacho se debatía a sus 16 años con un rostro pueril de adolescente entre ser hombre y niño con un vello verdoso tras el mostacho y así había quedado tendido a dos cuadras de su casa en Nogales, con diez balazos en el cuerpo, varios en la espalda y en la cabeza.

––Fue un agente de la Patrulla Fronteriza–– les dijeron en aquel otoño de 2012 y sin saber que la pesadilla se extendería años y años y hasta la fecha que la justicia estadounidense se niega a calificar la muerte como homicidio simple e intencional, como querían los abogados, y se aferran a llevar los juicios como hasta ahora: o como homicidio en segundo grado (no intencional) u homicidio involuntario.

La familia había esperado pacientemente para no atraer el juicio a México porque el principio internacional de justicia dicta que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero, dadas las largas y aplazamientos, está harta: ahora quiere que la Fiscalía General de la República (FGR) retome la averiguación previa cuyo expediente se identifica asi: AP/PGR/SON/NOG-II/972/2012.

Quiere además que el agente Lonnie Swartz sea juzgado en México, que aquí se exijan los videos que estaban en el lugar de los hechos y se extraviaron allá, según se argumentó en uno de los dos juicios en EEUU. “Ya basta de que el gobierno mexicano sea un agachón”, dice Araceli Rodríguez, la madre que sobrelleva siete años de ausencia.

Algunos días, mientras camina por la calle, piensa como sería y qué estaría haciendo su muchacho a los 23 años. Mira a algún otro joven caminando por la calle con una gorra como la que José Antonio usaba y piensa que es él, con los mismos tenis que traía el 10 de octubre de 2012, cuando regresaba de jugar basquetbol por la Calle Internacional, la vía que limita con la frontera, cuando recibió los balazos. Según el agente, porque el chico le lanzó piedras.

Algunas veces resiste las lágrimas porque al regresar a casa Araceli sabe que será peor: ya no se oyen sus pasos del chico, ya no está en la mesa con la familia, ni en su cuarto y sólo queda esperar los días 10 de cada mes para llevarle una ofrenda y los recuerdos y los rezos donde montaron una cruz que últimamente molesta a los vecinos o sepa Dios a quién porque la vandalizaron, la quitaron y hubo que poner otra de hierro más resistente.

“No queremos que maten a otros”, sentencia Taide Elena, la abuela que acompaña a su hija para pedir justicia en la Ciudad de México, para reunirse con diputados y senadores y pedir otro punto de acuerdo que renueve aquel llamado de atención que el congreso hizo en 2016. “El nuevo gobierno debe tomar cartas en el asunto, dicen.

La calle donde murió José Antonio es un hervidero de muchachos que asisten a las escuelas que están por ahí y, de pronto, podrían recibir un balazo, ¿quién garantiza que no?, se cuestiona el abogado Manuel Iñiguez que acompaña a la familia en esta nueve etapa por la alicaída justicia mexicana que suma un nuevo reto.

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