Demanda en caso de inmigrante hondureño que se suicidó en centro de detención migratorio

Marco Antonio Muñoz intentó en mayo de 2018 cruzar ilegalmente la frontera entre México y Texas junto a su esposa y al hijo de ambos, de tres años. Huían de Honduras, su país de origen, por temer por sus vidas después de que allí asesinaron al hermano de ella. Buscaban un sitio más seguro, pero encontraron una tragedia.

Al pasar la frontera, se toparon con unos agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Fueron detenidos, y los agentes separaron a Muñoz del resto de la familia, según informó en su momento The Washington Post en base a testimonios de funcionarios y la confirmación de la cónsul de Honduras Ana Bulnes.

Encerrado en una celda de una cárcel de Texas, el hombre, de 39 años, fue hallado muerto dos días después. Aparentemente se suicidó. Poco más de un año más tarde, su esposa, Orlanda del Carmen Peña Arita, presentó una demanda contra el Gobierno Federal y el condado de Starr, en el sur de Texas (donde estuvo detenido el marido) por la muerte de Muñoz.

La organización activista Texas Civil Rights Project, que anunció la demanda el lunes en nombre de la mujer y sus dos hijos (además del pequeño de cuatro años, Del Carmen tiene otro de nueve), dijo que la denuncia se debe “a la injusta muerte” de Muñoz tras la separación de su hijo por la “política de tolerancia cero” de la administración Trump.

BREAKING: Along with @EscamillaLaw1, we filed a lawsuit against the federal govt. & Starr Co. over Marco Antonio Muñoz's wrongful death after he was separated from his 3-year-old child at the border. The Trump admin's policies led directly to his death: https://t.co/tPuO7Uu1t8 pic.twitter.com/HjSqzNHIWP

— Texas Civil Rights Project (@TXCivilRights) August 19, 2019

En el periodo de la muerte de Muñoz, se encontraba en efecto activa una política —así llamada comúnmente— que el presidente, Donald Trump, puso en marcha con el objetivo de procesar por la vía penal a todos los migrantes que cruzasen ilegalmente la frontera de Estados Unidos con México.

La principal consecuencia de esa medida fue la separación de miles de familias (los padres, encarcelados a la espera de juicio, y los niños, encerrados solos en centros de detención), que causó tal revuelo social que Trump firmó el 20 de junio una orden para frenar estas separación. Seis días después, un juez federal ordenó al Gobierno frenar esta política y devolver a los niños a sus familias.

La administración admitió posteriormente que las separaciones tuvieron lugar. El Departamento de Seguridad Nacional dijo haber separado a 2,737 menores, pero documentos sucesivos indicaron que podrían ser miles más.

Según contaron agentes de la Patrulla Fronteriza familiriazados con el caso de Muñoz a The Post, el hombre fue avisado de que lo separarían de su familia. Al abrazar a su hijo y tener que apartarse físicamente de él, pareció sufrir un ataque de pánico. “Tuvieron que usar la fuerza para separar al menor de sus brazos”, afirmó uno de los funcionarios.

Al día siguiente lo hallaron muerto. En un comunicado emitido tras el fallecimiento, la Patrulla Fronteriza aseguró que lo trasladaron a la cárcel del condado de Starr, situada a aproximadamente 40 millas (64 kilómetros) del lugar donde lo detuvieron, porque se había vuelto “problemático y agresivo”.

Según la información que facilitó la consul de Homduras, Muñoz y su familia ya habían estado viviendo en EEUU. De hecho, el hijo mayor de este hombre y su esposa tiene la nacionalidad de este país. La familia volvió voluntariamente a Honduras, pero luego tuvo que huir otra vez de allí. El niño más mayor alcanzó otra vez EEUU en avión, el año pasado, mientras que sus padres y su hermano intentaron cruzar la frontera terrestre.

“TRAUMA EXTRAORDINARIO”

“La demanda [de Del Carmen] sostiene que la imposición innecesaria de violencia mental y emocional al Sr.Muñoz por parte del gobierno de EEUU a través de la separación familiar y su inminente enjuiciamiento causaron angustia y trauma extraordinarios”, reza un comunicado del Texas Civil Rights Project.

“Después de su traslado a la cárcel del Condado de Starr en Rio Grande, el personal de la prisión no le proporcionó las condiciones y la vigilancias necesarias en consecuencia de su estado mental y según exige la ley”.

Más de un año después de que Trump dio marcha atrás con respecto a la política de tolerancia cero, han surgido historias sobre agentes que separaban a padres e hijos en medio de llantos. Algunos padres han argumentado que los agentes les mintieron o que les hicieron firmar formularios que no entendían.

Cientos de padres fueron deportados sin sus hijos. Estos fueron trasladados a centros de detención del gobierno destinados a los menores que llegan a EEUU sin adultos. Otros padres que recuperaron a sus pequeños han reportado que padecían traumas psicológicos y en algunos casos que sufrieron abuso sexual o físico.

El gobierno estadounidense ya enfrenta por lo menos 38 demandas legales de padres que afirman que sus hijos fueron dañados mientras estaban bajo custodia de las autoridades. En los textos judiciales se exigen más de 200 millones de dólares en daños.

La organización Texas Civil Rights Project asegura que la demanda presentada por Del Carmen ante la Corte del Distrito Sur de Texas es la primera de su tipo que vincula el suicidio de una persona con la política de “cero tolerancia”. “No pararemos hasta que el gobierno acabe con esa política de una vez por todas y todos los culpables de la muerte de Muñoz se hagan responsables de sus acciones”, dijo Olivares.

(Editado por Francesco Rodella con información de AP)