Pese a ser aprobada en 2018, ley que protege a niños de pedófilos, no ha sido puesta en vigencia

NUEVA YORK.- Una ley aprobada en 2018 para proteger de los delincuentes sexuales a niños, ancianos, discapacitados y otras poblaciones vulnerables de la ciudad de Nueva York y Long Island, no ha sido implementada hasta la fecha por el Departamento de Justicia (DOJ), denunció este domingo, el senador neoyorquino Charles Schumer.

El senador, que fue el patrocinador de la Ley de Mejoras de Protección Infantil (CPIA), insistió que la norma fue aprobada en marzo de 2018 y se suponía que se implementaría en marzo de 2019, al no haber sido puesta en vigencia, están corriendo un riesgo oculto e innecesario los niños, ancianos, discapacitados y personas vulnerables.

Solo en la ciudad de Nueva York, según el registro de delincuentes sexuales de Nueva York, hay más de 8,000 delincuentes que viven en los cinco condados de la ciudad. Y según las cifras de Democrat & Chronicle, a partir de 2016, el número de delincuentes sexuales registrados en Nueva York ha aumentado en un 60% desde donde estaba hace poco más de una década y ahora se ubica en alrededor de 39,000. A nivel nacional, según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el número se encuentra en más de 800,000 delincuentes sexuales.

“Proteger a los niños, los ancianos y las personas con discapacidad del abuso debe ser una prioridad principal en el Departamento de Justicia, pero este retraso sin excusas con la implementación de la Ley de Mejoramiento de Protección Infantil realmente te preocupa”, dijo el senador Schumer.

El senador demócrata subrayó que es necesario tener controles de empleo sólidos cuando se trata de dotar de personal a programas para después de la escuela, preescolares, hogares de ancianos y otras organizaciones que emplean a personas cuyo trabajo es supervisar a una persona vulnerable.

Durante el proceso para aprobar la ley, Schumer realizó varios eventos a través de Nueva York, como en Long Island, mientras abogó por exigir que el FBI tome las huellas dactilares y utilice otros métodos de verificación de antecedentes utilizados por organizaciones que sirven a niños y otros grupos vulnerables.

Schumer pidió públicamente al DOJ que actuara, diciendo que proteger a los niños de posibles delincuentes sexuales, abusadores u otros grupos vulnerables de los transgresores debe ser una prioridad federal.

El senador exigió que el DOJ y el FBI respondan preguntas e inmediatamente coordinen la implementación de medidas de verificación de antecedentes laborales reforzadas lo antes posible, antes de que ocurra un trágico caso.

 “Esta falla en la implementación de la ley que hace que esos controles sean más fuertes y fáciles de cumplir localmente pone en peligro a los mismos inocentes que buscamos proteger. Es por eso que el Departamento de Justicia necesita decirle al Congreso lo que está sucediendo y luego poner en vigencia la ley”, agregó Schumer.

La Sociedad de Nueva York para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NYSPCC), apoya firmemente la rápida implementación de la CPIA, dijo el director de esta organización Steve Forrester.

“Hay consecuencias nefastas para los niños cuando los pedófilos en puestos de confianza obtienen acceso a ellos. Las verificaciones de antecedentes en profundidad son una de las herramientas más importantes que tienen los administradores de las organizaciones que sirven a los niños para contratar empleados y voluntarios seguros y apropiados. La CPIA fortalece el proceso de evaluación en todos los estados y debe implementarse sin más demora”, agregó Forrester.

Schumer, acompañado por el congresista, Adam Schiff, quien supervisa el tema en la Cámara, envió una carta urgente al Fiscal General William Barr y al Director del FBI Christopher Wray sobre la falta de implementación de la CPIA.

En la carta, Schumer solicita que el DOJ explique por qué no implementó la CPIA antes de la fecha límite obligatoria de marzo de 2019, así como el hecho de no haber comunicado adecuadamente al Congreso cualquier intento de retrasar la implementación; y además que proporcione una actualización sobre el cronograma esperado de un período de audiencias públicas para solicitar aportes de organizaciones que sirven a poblaciones vulnerables sobre sus necesidades de verificación de antecedentes y los delitos de criterio que pueden usarse para determinar la idoneidad.

El senador exige en su carta al DOJ que responda a más tardar el 1 de diciembre de 2019.